El BNG propone excluir a la bajura del reglamento de Control Pesquero

Subraya la contradicción de que la UE no reconozca a las mariscadoras para conceder algunas ayudas y sí para someterlas a una normativa que invade competencias gallegas


Si obligar a la bajura a enviar datos de capturas todos los días por medios telemáticos es «inxustificable», extenderlo de forma individual al marisqueo, cuando esta actividad está regulada y la Xunta tiene «competencias exclusivas» en esta materia es ya rizar el rizo, en opinión de Rosana Pérez, la portavoz de Pesca del BNG, que ha presentado una iniciativa en el Parlamento de Galicia para instar al Ejecutivo autonómico a demandar al Gobierno del Estado y a la UE la exclusión del sector artesanal gallego del controvertido reglamento de Control Pesquero.

Pérez recuerda que la Federación de Confrarías de Galicia ha alertado, a través de un comunicado, de las consecuencias negativas que esta normativa tendrá sobre el sector pesquero gallego y en una reunión con la Dirección General de Pesca y Acuicultura del Ministerio de Agricultura entendieron que las personas que se dedican a la pesca sin buque también tendrían la obligación de enviar los datos de capturas diarias de forma individual.

Aunque, en principio, esa disposición parecía pensada para los pescadores recreativos -pues la pesca aficionada también tendrá que dar cuenta de sus capturas a partir de la entrada en vigor de ese reglamento comunitario-, lo cierto es que las cofradías parecen tener indicios de que también se aplicará a las mariscadoras de a pie.

La portavoz nacionalista remarca que este colectivo ya está regulado en los planes de explotación aprobados por la Consellería do Mar. El marisco se pesa y controla en las lonjas, pero una vez más, «a lexislación de pesca europea ignora a realidade e as condicións de traballo da nosa frota artesanal e nomeadamente do colectivo de mariscadoras e mariscadores a pé», a los que pretende poner normas incluso «traballando en augas interiores e, na inmensa maioría dos casos, en praias que apenas distan das lonxas, onde se pesa e se rexistra o produto».

Eso sin perder de vista, añade la nacionalista, que las propias cofradías y agrupaciones de productores se encargan de desarrollar todo tipo de actuaciones de «control e salvagarda do medio mariño e das especies das que viven», por la cuenta que les trae. «Están suxeitas a cotas máximas de capturas, existen puntos de control da actividade, e vixilancia dos bancos marisqueiros por parte do propio sector», afirma Rosana Pérez en la iniciativa registrada en el Parlamento gallego. Asimismo, los bancos están delimitados por especie comercial, se marcan los topes de captura de cada una, se analiza el resultado del esfuerzo pesquero y existen períodos de autorización y veda que se marcan teniendo en cuenta los datos científicos.

Es decir, que el sector del marisqueo está «suxeito a medidas de regulación, supervisión, comprobación, inspección e vixilancia que garanten a súa sostibilidade». Por tanto, intensificar los controles por parte de otras Administraciones cuando las competencias en esta materia son exclusivas de Galicia es «inxustificable».

Así, Pérez denuncia la contradicción que supone que la Unión Europea no reconozca a las cofradías y, en ocasiones a las mariscadoras, cuando se trata de acceder a determinadas ayudas y fondos europeos pero se mete hasta la cocina para regular el sector y ponerle trabas para desarrollar su actividad. Y ante este «novo atropelo», el Gobierno gallego no debería quedarse de brazos cruzados y actuar para impedir «someter ao sector marisqueiro a máis trámites e prexuízos económicos».

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