Ribera reitera que la Ley de Cambio Climático no va a tener efecto retroactivo

«Ninguén vai invertir con una norma que non ofrece garantías xurídicas», advierten desde la cadena mar-industria

Somos Mar
madrid / La voz

La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado ante la polémica en Galicia tras la aprobación en el Congreso de la primera Ley de Cambio Climático que, «en realidad, no es posible decir que una norma tenga efecto retroactivo cuando limita derechos ya firmes».

La ministra ha respondido así en una entrevista en Cadena Ser, recogida por Europa Press, tras ser preguntada sobre si esta norma puede tener carácter retroactivo ante el temor de un sector gallego que considera que puede afectar a las empresas de la cadena mar-industria.

«En Galicia se está viviendo una situación un poco extraña», ha señalado Ribera, al tiempo que ha explicado que la Ley de Costas que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy, «introdujo la posibilidad de tener concesiones de dominio público que iba más allá de lo que imponía o reconocía como límite la Ley de Patrimonio», ha asegurado.

Durante el tiempo de vigencia de esta última, aprobada durante el Ejecutivo de José María Aznar, y a la que se ha referido como «ley Cañete» -porque en su día la impulsó ese ministro de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete- ha deslizado que «se otorgaron una serie de concesiones que extendían la vida útil de algunas de estas autorizaciones previas más allá de los 75 años». «Todas ellas son concesiones firmes salvo una que está sujeta a la decisión de los tribunales», en alusión a la que ocupa Ence en la ría de Pontevedra. Por tanto, ha explicado que aquellos que tengan una concesión firme que no haya sido recurrida por nadie y, aunque vaya más allá de los 75 años que fija la ley del 2013, «no tendrán ningún tipo de disculpa».

Tal y como ha enfatizado la ministra, 75 son muchos para poder evaluar si existen efectos del cambio climático que aconsejen «otra cosa». «Pero en principio, no tienen ninguna limitación con respecto a la concesión ya otorgada», ha explicado.

 Incertidumbre en el sector

Precisamente ese, «en principio», es lo que aterra a los miembros de la Confederación Mar Industria-Alimentaria, que se confiesan en absoluta inseguridad jurídica. Roberto Fariña, presidente de la Asociación de Depuradores de Galicia (Agade) se confesaba ayer decepcionado tras conocer que la Ley de Cambio Climático ha sido aprobada con los puntos del artículo 18, que aluden a la fórmula de cómputo de la duración de las concesiones, de forma que puede interpretarse que tiene carácter retroactivo. «Ninguén vai invertir con unha norma que non ofrece garantías xurídicas», reiteró Fariña, que durante todo el tiempo de tramitación de la ley estuvo advirtiendo de que esa inseguridad estaba provocando una retracción de las inversiones y paralizando proyectos empresariales.

El secretario general de la Confederación, Fernando Otero, por su parte, advirtió que harán un atento seguimiento de lo que ocurre a partir de ahora con las concesiones en terreno del dominio público marítimo-terrestre.

El polémico artículo 18 de la Ley de Cambio Climático

El controvertido artículo elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, en una foto de archivo
El controvertido artículo elaborado por el Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, en una foto de archivo

18.3 Con el fin de garantizar una adecuada adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre y sus prórrogas se llevará a cabo de acuerdo con lo establecido en el Título III de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 13 ter de dicha Ley. A estos efectos, también se estará a lo previsto en otra normativa aplicable, así como en convenios internacionales que contengan regulación relativa a la costa y al mar y a la conservación y uso sostenible del dominio público marítimo-terrestre, teniéndose en cuenta factores como el estado y evolución de los ecosistemas, las condiciones hidromorfológicas, climáticas y de dinámica costera; así como la presión acumulada de los diferentes usos que soporta cada tramo de costa.

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