La Ley de Cambio Climático se aprueba con el artículo que tiene en vilo a las empresas del mar

Ni el BNG logró apoyo para excluir a la cadena mar industria del nuevo cómputo de las concesiones, ni el PP consiguió tumbarlo


pontevedra / la voz

A mano alzada porque no funcionó el sistema automático de votación, los miembros de la Comisión de Transición Ecológica del Congreso aprobaron ayer la primera Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Veintidós votos a favor, 5 en contra y 10 abstenciones dieron el pase al Senado a la primera norma llamada a mitigar el calentamiento global y la descarbonización de la economía, pero que ha levantado en armas a un sector estratégico para Galicia: la cadena mar-industria.

El sector ha tratado por todos los medios de corregir el controvertido artículo 18, que a su entender cambia el criterio para otorgar las concesiones sobre el dominio público marítimo-terrestre y, sobre todo, establece un nuevo cómputo de la duración de las concesiones y de sus prórrogas que pone en peligro la continuidad de las empresas en el borde litoral. Sin éxito.

No fue el artículo 18 un asunto que ocupase demasiado tiempo en la oratoria de los diputados, más preocupados por la energía eólica o el sector automovilístico, pero aún así, el impacto que esta normativa puede acabar teniendo sobre el tejido industrial vinculado al mar de Galicia sí tuvo sus momentos estelares en una jornada larga en la que la pandemia obligó a votar desde su despacho al diputado Joan Capdevila.

Dos diputados de extremos opuestos del hemiciclo, Néstor Rego (BNG) y Diego Gago (PP), intentaron convencer a sus compañeros de comisión de la importancia de modificar -uno- o retirar -el otro- la redacción del artículo que alude a los títulos de ocupación de la costa.

El nacionalista propuso a la comisión excluir de esa disposición a las empresas con «actividades de acuicultura, depuración de marisco, conserveras, y cualquiera otra relacionada con sector mar industria que tenga carácter sostenible». Justificó esa enmienda por el impacto social y económico de esta industria y por la necesidad que tienen de estar al lado del mar. Para que nadie se llevase a equívocos, citó que en esta excepcionalidad no podría incluirse a Ence porque «con artículo 18 o sin él, tendrá que salir de la ría de Pontevedra».

La portavoz de Ciudadanos, María del Carmen Martínez, aludió, entre otras cosas, a que la Ley de Cambio Climático «no es el lugar» para definir la vigencia de concesiones y prórrogas, sino la Ley de Costas, como en su día apuntó el Consejo de Estado. Insistió en la retirada del artículo 18 porque crea «inseguridad jurídica» y va a originar «cierta litigiosidad». La portavoz de Vox, Mireia Borrás, advirtió que su aprobación supondrá «la declaración nula de pleno de derecho de empresas como Ence» y otras ligadas a la actividad en el litoral.

Duro cruce de reproches

El PP también se mostró en contra del discutido punto y su portavoz, Diego Gago, criticó la indiferencia con la que, a su entender, el Gobierno ha tratado los sucesivos informes negativos al artículo 18. El dirigente del PP pidió su retirada y afeó la conducta del departamento presidido por Teresa Ribera. «Les da igual lo que diga el Consejo de Estado, los consejos consultivos, la asesorías jurídicas de las comunidades, las asociaciones y los empresarios», que pidieron la retirada del artículo. También afirmó que «es una pena» que el BNG no extendiese esa protección que pedía para el sector del mar a otros ámbitos afectados de los que dependen miles de puestos de trabajo.

La réplica la dio la socialista, Eva Patricia Bueno, que arremetió contra la gestión de los populares en La Moncloa: «Ustedes no han ayudado nada con su reforma poco constitucional de la Ley de Costas. Son ustedes los que tenían que haber rendido cuentas al respecto». También sostuvo que, si no ha habido más consenso, es porque «no ha habido diálogo con quien no ha querido dialogar» y concluyó calificando al PP de ser como «el perro del hortelano».

Objetivo: alcanzar la neutralidad climática en el 2050

Tras su aprobación en el Congreso, la norma, con la que España aspira a cumplir con los Acuerdos de París, que fijan en el 2050 el fin del lanzamiento de nuevos gases de efecto invernadero a la atmósfera, será remitida al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria. La ley podría quedar definitivamente aprobada en cuestión de semanas.

Hubo consenso, pero con matices, dado el interés de una buena parte de los representantes de la Cámara por ampliar el porcentaje de reducción de emisiones del 23 % pactado al 40 % en el 2030. No se logró en la votación de ayer, pero el Gobierno, empujado por la enmienda de Mas País, se comprometió a revisar «al alza» estos objetivos de recorte en el 2023. Uno de los aspectos mas ambiciosos era el referido al final de los hidrocarburos en los coches. Fecha en el 2040 el fin de las ventas de turismos y vehículos ligeros no destinados a usos comerciales nuevos que quemen gasolina o gasoil y 10 años más para retirar las unidades que se muevan con combustibles fósiles. Porque la ley se marca como objetivos para el 2050 la «neutralidad climática» y que toda la electricidad proceda de fuentes renovables. Pero no vale hacerlo de cualquier manera. Es fundamental que buena parte de la reducción de emisiones se logre para el 2030 al objeto de evitar efectos irreversibles sobre el medio.

Fin del carbón y del uranio

En este sentido, con la nueva norma, España habrá reducido en los próximos nueve años sus emisiones de CO2 un 23 % respecto al año de referencia mundial (1990), momento para el que ya se habrá logrado que el 42 % de la energía consumida -incluido el transporte y la industria- proceda de renovables, y se habrá aumentado la eficiencia energética en un 39,5 %.

Con la entrada en vigor del texto normativo quedará prohibida además la extracción de hidrocarburos y carbón, así como el sistema de fractura hidráulica. Tampoco se autorizarán nuevas explotaciones de uranio, el alimento de las nucleares.

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