La Xunta da armas al sector para frenar a Transición Ecológica

Traslada que la norma altera la duración de las concesiones y es inconstitucional


redacción / la voz

La Xunta siempre lo tuvo claro: los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley de Cambio Climático alteraban la fórmula de cómputo de la duración de las concesiones en terreno del dominio público marítimo-terrestre. De las ya otorgadas y de las que están por venir, por lo que atenta contra la seguridad jurídica y, posiblemente, la Constitución en su artículo 9.3. Esas sospechas han sido refrendadas primero por su Asesoría Xurídica y ahora por el Consello Consultivo de Galicia, que, según el Ejecutivo autonómico, ha certificado que el último apartado del artículo «ten unha eficacia retroactiva e afectaría tanto aos prazos de duración das concesións e das prórrogas unha vez que a norma entre en vigor (...) e iso leva a que o proxecto de lei sexa inconstitucional ao vulnerar o principio de seguridade xurídica recollido no artigo 9.3 da Constitución», apunta Rosa Quintana.

La conselleira de Mar y su homóloga de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, analizaron ayer estas «armas» jurídicas a los representantes de las empresas de la cadena mar-industria. Quintana aludió a que la inseguridad jurídica en la que quedan dificulta que estas compañías «poidan seguir facendo inversións para ter as instalacións da mellor maneira posible para responder a eses retos de calidade que ten Galicia nos seus produtos do mar».

Las conselleiras instaron al Gobierno central a que retire de la norma llamada a conseguir la neutralidad climática en el 2050 lo relativo a la costa y sus concesiones y conminaron a Transición Ecológica a sentarse con el sector, como llevan reclamándole un año, para regular todo lo concerniente a las concesiones en el marco de la Ley de Costas.

Mentiras y mala fe

También pidieron al departamento de Teresa Ribera que deje de mentir y de actuar con mala fe. De la mendacidad ofrecen como prueba la incongruencia de que la vicepresidenta admitiese públicamente que el cambio de normativa afectaría a unas 30 industrias asentadas en la costa gallega para ahora decir que «non vai ter ningún impacto no complexo mar-industria de Galicia». O que asegure que fue la Xunta la única que emitió un informe denegando la prórroga a una instalación de acuicultura, cuando Galicia solo regula «a actividade que realizan as industrias asentadas no litoral», pero es el Estado «o que ten que dar un informe preceptivo e vinculante sobre a ocupación do chan», recalcan.

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