El Consello Consultivo de Galicia dice que la Ley de Cambio Climático es inconstitucional

Mar glosa un dictamen que, señala, sostiene que tiene eficacia retroactiva e influye tanto en la duración de las concesiones como en la de sus prórrogas


redacción

El Gobierno gallego ha conocido el dictamen del Consello Consultivo de Galicia sobre lo que dispone la Ley de Cambio Climático para las concesiones en terreno público marítimo-terrestre -el polémico artículo 18 del anteproyecto- y ha llegado a la misma conclusión que los jurídicos de la Xunta: «É inconstitucional», resume Rosa Quintana, conselleira de Mar.

Lo es porque la disposición «tería unha evidente eficacia retroactiva tácita», apunta la responsable autonómica. Además, «afectaría tanto aos prazos de duración das concesións e das prórrogas outorgadas antes de que a norma entre en vigor, como tamén á validez dos actos administrativos que se tivesen ditado ao abeiro da normativa anterior», apunta Mar.

Por eso, Quintana volvió a insistir en la petición de que se retire el artículo 18, al menos esos puntos que aluden a la duración de las concesiones. Y pidió tanto a la vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, como al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que dejen de mentir sobre que la Xunta denegó una prórroga de la concesión porque, asegura, lo único que hace el Gobierno gallego es acatar el informe preceptivo y vinculante sobre la ocupación del terreno en dominio público que da el Estado «e se di que non se da unha concesión é difícil que a Xunta poida regular unha actividade».

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La Xunta y el Gobierno han polemizado el fin de semana a cuenta de la controvertida Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que Galicia ve un intento de alterar la duración de las concesiones en terreno del dominio público marítimo-terrestre que Madrid niega y achaca a un interés de asegurar la continuidad de las empresas en la costa.

Así, en una entrevista concedida a Radio Nacional de España y recogida por Europa Press, así como en una tribuna en este periódico, la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha pedido al Gobierno que dé «marcha atrás» en su proyecto de ley de Cambio Climático y ha sugerido al departamento que dirige Teresa Ribera que si quiere modificar la ley de Costas «vaya de frente» y lo haga «de manera transparente y participativa» con las comunidades y los sectores afectados.

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El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia, Pedro Puy, volvió a agitar el fantasma de la deslocalización. En un comunicado, la voz de los populares en el Congreso alertó de que la modificación de la Ley de Costas a través de las disposiciones llamadas a regular el cambio climático y la transición energética «pode provocar que as empresas planifiquen accións noutras zonas con requisitos menos esixentes, como pode ser Portugal».

Puy reabrió también la batalla de los números al señalar que el anteproyecto afecta «substancialmente a un cento de empresas galegas» que están asentadas en el dominio público marítimo-terrestre, «ao reducir a 75 anos o máximo tempo total de concesións neste ámbito».

«Estamos preocupados porque nun momento no que a industria galega atravesa a crise provocada pola pandemia, un dos sectores máis puxantes da nosa economía e que lidera ás exportacións ao mundo se ve ameazado por un cambio normativo que nos parece inapropiado, poñendo en risco a súa supervivencia e a de moita xente que leva vivindo do mar durante décadas», expuso Puy.

El comunicado finaliza agitando de nuevo la posibilidad de la fuga de empresas a Portugal, con mayores facilidades que Galicia para asentar una industria: «Se está a producir un abandono dos investimentos que farían que esa empresa seguise sendo produtiva cara ao futuro e unha planificación a longo prazo cara outras zonas, como Portugal, onde os requisitos non son tan esixentes e as empresas ven que teñen máis capacidade de manter investimentos a longo prazo».

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