Empresas del mar afean a Ribera que recurra a Twitter y a la prensa en vez de hablar con ellas

Primero fueron los tuits en gallego defendiendo el artículo 18 su proyecto de Ley del Cambio Climático en la red social. Y ahora el artículo de opinión de la vicepresidenta cuarta del Gobierno, Teresa Ribera, en este periódico, pidiendo aparcar «debates estériles, anacrónicos, interesados e, incluso, irresponsables». Claro que para que haya un debate debe haber al menos dos que hablan y el sector, hasta ahora, no ha podido decirle a la cara esta boca es mía. «Es un despropósito que se nos tenga un año sin recibirnos. Es una burla hacia un sector en el que trabajan 40.000 personas», apunta Roberto Fariña, presidente de la Asociación Galega de Depuradores (Agade) en alusión al encuentro que el colectivo ha solicitado, sea con ella, sea con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Ni uno ni otro los han atendido, dice Fariña. «Los mensajes que nos dan no son claros y nos llegan por terceras personas, sean alcaldes, concejales u otros representantes socialistas... Incluso a través de los medios antes directamente».

Sin seguridad jurídica

El que en toda esta crisis ha hecho de portavoz de la cadena mar-industria dice que esos mensajes interpuestos restan importancia a las modificaciones que trae el texto normativo, pero sin aportar garantías de esa seguridad jurídica que reclaman. Y esa llamada a la calma se contradice con los hechos, pues ya han trascendido casos de varias empresas a las que se les ha acortado el tiempo de prórroga que esperaban e, incluso, supeditado la concesión al derribo de parte de las instalaciones. «No podemos estar tranquilos cuando la propia ministra para la Transición Ecológica dice en el Congreso que, como mucho, habrá 30 empresas afectadas. No podemos consentir que sean ni 1, ni 30, ni 100. Tienen que ser cero», remarca Fariña. Y no pueden estar tranquilos, apunta, cuando esa reforma de la Ley de Costas se intenta hacer a través de la Ley de Cambio Climático, con un tirón de orejas por parte del Consejo de Estado y en mitad de un estado de alarma.

«Nuestros servicios jurídicos ven clara la arbitrariedad de esta norma y ningún argumento que nos dan se molesta en desmentirlo o clarificarlo». Así que la pregunta es: «¿Y la reunión para cuándo?».

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