La Xunta envía a Madrid pruebas jurídicas de la incostitucionalidad de la Ley de Cambio Climático
SOMOS MAR
Insiste en que se retire la alusión a la duración de las concesiones
18 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Por más que se ha intentado, no ha habido suerte a la hora de modificar -cuando no tumbar- el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica, ese que, a criterio de las empresas de la cadena mar-industria, altera la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre y, por tanto, pone en peligro su continuidad en el borde del litoral, donde necesitan estar. La ponencia de la ley ha recogido esa disposición y todos sus apartados con los mismos puntos y comas con las que venía del departamento de Teresa Ribera, una redacción que ha puesto a temblar a toda la cadena mar industria alimentaria gallega y, de paso, a toda aquella empresa o servicio que necesite una concesión a pie de la costa para seguir estando donde está. Y, por supuesto, al Gobierno gallego, que ha hecho llegar en reiteradas ocasiones su preocupación a Transición Ecológica. La última, ayer mismo.
Las conselleiras de Medio Ambiente y Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, respectivamente, han remitido una nueva carta a la vicepresidenta cuarta mostrando su inquietud por las posibles repercusiones negativas que la ley tendrá en el litoral gallego. Pero esta vez la misiva es solo el complemento. El anexo de algo, a criterio de la Xunta, más contundente: un informe elaborado por la Asesoría Xurídica Xeral sobre la norma aún en proyecto que concluye que es «frontalmente inconstitucional» y que atenta contra «a seguridade xurídica».
Efectos retroactivos
¿Por qué? Lo explicó ayer el vicepresidente Alfonso Rueda en un acto en Vilanova: «O proxecto de lei, tal e como está redactado, é inconstitucional; infrinxe a Constitución porque non respecta a seguridade xurídica e porque da efectos retroactivos a dereitos adquiridos que non so van a afectar a Ence, senón a moitas industrias fundamentais, todas as que teñen que ver coa cadea mar industria verían comprometida a súa continuidade no dominio público marítimo-terrestre».
Vázquez y Quintana recriminan al Estado que no cese en ese empeño de cambiar las reglas de las concesiones. Y sostienen que el artículo 18.4 -sobre la duración de los permisos-, tal y como figura en el proyecto de ley «só podería aplicarse ás concesións anteriores á Lei 2/2013, xa que o artigo 66 da Lei de costas regularía ás que se concederon despois desa data e polo tanto a duración, de concesión e prórroga, non poderá superar os 75 anos».
Además, indican que «é contrario ao artigo 33.3 da Constitución e que afectaría aos dereitos integrados dos afectados, pois veríanse privados anticipadamente dunha concesión adquirida sen a correspondente indemnización».
Con esto, la Xunta insiste en solicitar la retirada de los puntos 3 y 4 del polémico artículo, que, según las conselleiras, supone una auténtica espada de Damocles para las industrias de la costa y «37.000 postos de traballo», además de hacer peligrar «10.000 millóns de euros».
La vía de la exclusión de las empresas del mar
La previsión es que el proyecto de Ley de Cambio Climático se someta a votación en comisión después de Semana Santa. De ahí la trepidante actividad del Ejecutivo autónomo, de los colectivos afectados y de las fuerzas políticas en el Congreso. Esta última vía lleva el sello del BNG. Y la firma de su diputado en Madrid, Néstor Rego, que ha presentado una enmienda transaccional no para tumbar el artículo 18, sino para modificarlo de forma que excluya expresamente a las empresas del mar. «Quedarán exceptuados do establecido neste apartado os títulos de ocupación do dominio público marítimo-terrestre vinculados ao desenvolvemento de actividades de acuicultura, depuración de marisco e conserveiras e calquiera outra relacionada co sector mar-industria que teña carácter sustentable», reza la propuesta del nacionalista.
De esta manera, podrían permanecer en primera línea de costa las actividades sostenibles y sus empleos y se pondría coto a aquellas más agresivas con el medio ambiente o que no necesitan estar a pie de costa.
Es, apunta Rego, una propuesta similar a la en su día redactaron alcaldes socialistas gallegos de concellos de la costa, pero que al parecer no llegó nunca a presentarse en los despachos de Transición Ecológica. La plataforma de afectados ha pedido una reunión con el PSdeG, por la que aún espera.