Las fuerzas gallegas se unen para exigir al Gobierno que desbloquee la venta de 90 toneladas de marrajo

No sin cruces de reproches, BNG, PSdeG apoyaron la propuesta del PPdeG de exigir al Ministerio de Transición Ecológica que expida los certificados que se necesitan para su comercialización


redacción

No estuvo muy elegante el diputado popular Alberto Pazos Couñago con la vicepresidenta Teresa Ribera ayer, en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia, cuando expuso la iniciativa de su grupo, el PPdeG, para solicitar una solución urgente al bloqueo de 90 toneladas de marrajo capturado legalmente por la flota gallega y que no puede vender porque la Administración no le expide el certificado CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) que se exige desde noviembre del 2019. Apóstola del medio ambiente, hoolingan del conservacionismo, ultraecologista, ministra de intransigencia ecológica... Toda una sarta de apelativos contra la vicepresidenta del Gobierno quizá extemporáneos, porque tanto PSdeG como BNG apoyaron su moción. Eso sí, tanto epíteto y pleonasmo junto molestó a la socialista Patricia Otero, que recordó a Pazos Couñago que por mucho que discrepe con los postulados de Teresa Ribera —pues, evidenció, la postura sobre el medio ambiente y el cambio climático de los populares está más próxima a lo que opinaba el primo de Rajoy que a lo que ha constatado el panel intergubernamental del cambio climático—, esta merece un respeto institucional. El mismo que Pazos Couñago exigió para un catedrático de Física de la Universidad de Sevilla que es algo más que el primo de Rajoy. El popular puso énfasis, además, en que el problema que mantiene 90 toneladas bajo amenaza de destrucción no se debe a un limbo legal, como dijo Otero, sino a la decisión de una vicepresidenta de «Transición Ecolóxica ecológicamente intransixente», insistió.

No fue el único intercambio de pullas. La portavoz de Pesca del BNG, Rosana Pérez, tuvo para uno y para otro, poniendo por delante que su grupo iba a votar a favor porque tienen la misma postura en O Hórreo y en la carrera de San Jerónimo. Por ahí fue su ataque a Otero: le recordó que aunque en sede parlamentaria gallega exijan el desbloqueo del marrajo al que Transición Ecológica niega el certificado que permitirá su comercio, su grupo votó de forma diferente en el Congreso. Y le conminó a que no perdiese de vista que el conflicto nace de una pugna entre dos ministerios: el de Transición —remarcando Transición en velado reproche a Couñago por lo de Intransixencia— Ecológica y el de Pesca y, como siempre, ha salido ganando la parte medioambiental, por encima de la social y económica. A Couñago dirigió las críticas que iban para Feijoo, pues no puso el asunto a la cabeza de la agenda en el encuentro que recientemente mantuvo con Teresa Ribera.

Unanimidad, pese a todo

Todo este rifirrafe no impidió que hubiese unanimidad sobre la necesidad de exigir al Gobierno una solución para dar salida a todo ese marrajo capturado legalmente al que no se le da el certificado para vender. Es como «si nos deixan ordeñar as vacas, pero non vender o leite ou talar os árbores, pero non vender a madeira», dijo Couñago. Una incongruencia que el mismo comisario de Pesca, Virginijus Sinkevicius, deploró por suponer «un quebranto económico para a frota e non ten demostrado beneficios ambientais», parafraseó el popular. Y lo peor de todo es que para el 2021 España ha alentado en la Unión Europea un cupo cero que impedirá la comercialización del marrajo del Atlántico.

Así, conminó al Gobierno a «emitir o certificado» para las 90 toneladas, «que se deixe vender o que os organismos internacionais permitiron pescar» y a «indemnizar á flota» por las pérdidas.

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