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La patronal gallega tiende la mano a Mar contra lo que trae para la costa la Ley de Cambio Climático

Somos Mar LA VOZ

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Espolea a la conselleira para que consiga estar en las negociaciones de cuotas con el Reino Unido

16 mar 2021 . Actualizado a las 05:00 h.

Juan Manuel Vieites y Rosa Quintana se han reunido en decenas de ocasiones. Pero siempre o casi siempre con aquél como secretario general de la patronal conservera, Anfaco, mientras que este lunes lo hizo en calidad de presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG). Quintana, al igual que en los últimos doce años, como conselleira de Mar.

En ese encuentro, el líder de la patronal gallega expuso la preocupación de la industria alimentaria del mar por los cambios que plantea la Ley de Cambio Climático para la duración de las concesiones en terreno de dominio público marítimo-terrestre y tendió la mano a la representante autonómica para defender los intereses de Galicia, que «deben oírse como una sola voz» y frenar las alteraciones que para la costa trae el texto legal ahora en tramitación.

La Confederación de Empresarios de Galicia recuerda que es necesario que la comunidad autónoma asuma las competencias para la gestión del dominio público marítimo-terrestre, como ha aprobado recientemente el Parlamento de Galicia.

Otra cuestión que preocupa a las empresas relacionadas con la pesca es el brexit. Mejor dicho, el postbrexit. En este sentido, Vieites espoleó a Quintana a garantizarse un hueco en la delegación responsable de la negociación de las cuotas de pesca entre Reino Unido y España y que desde esa posición mantenga informado al sector para articular la posición de la comunidad autónoma en las negociaciones.

«El Acuerdo de Comercio y Cooperación celebrado entre la UE y el Reino Unido con motivo de la salida de dicho Estado de la UE tiene y tendrá un efecto muy negativo para el sector pesquero en Galicia tanto en el período transitorio como en el futuro, reduciendo inicialmente nuestras posibilidades de pesca durante los próximos cinco años y medio y dejando pendiente de negociación la posibilidad de seguir faenando en aguas británicas a partir de julio de 2026 si se llega a un acuerdo con el Reino Unido», auguró el presidente de la CEG. Por eso la patronal cree que se debería instar a nivel comunitario la revisión conjunta de las condiciones de pesca, en concreto las exigencias ambientales en sus respectivas aguas, pues «afectan tanto a la competitividad de las empresas europeas como al cuidado y sostenibilidad de los recursos».

Revisar lo que corresponde a España en el fondo ajuste del brexit y las repercusiones que el pacto tendrá sobre el intercambio de cuotas con otros países europeos es otra de las tareas pendientes que requiere «aunar esfuerzos y promover desde Galicia directamente y a través del Estadoespañol las enmiendas oportunas que permitan compensar las pérdidas por dicho intercambio», según el presidente de la organización empresarial gallega.

Aranceles al calamar de las Malvinas

Buscar una solución para la flota de capital gallego que faena en las Malvinas, promoviendo los acuerdos necesarios para eliminar unos aranceles que condicionarían la competitividad de las empresas gallegas que operan en esas islas y del puerto de Vigo —principal receptor de los productos de la pesca— es otra de las peticiones planteadas a Quintana por la CEG.

Un Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura (FEMPA) que realmente responda a las necesidades de las empresas del sector, en el que estas deben tener qué decir es otra de las cuestiones planteadas a Quintana: «Nuestra participación» en los fondos programados para el período 2021-2027 «debe ser activa desde el minuto cero; España es el principal beneficiario de estos fondos y obviamente Galicia tiene un peso muy preponderante», añadió.

Devolución del IVA más ágil

Por último, Vieites expuso que es perentorio agilizar los períodos de devolución del IVA a las empresas exportadoras, puesto que «entre el plazo que transcurre desde la presentación y la orden de devolución de la Agencia Tributaria pueden transcurrir hasta tres o cuatro meses, lo que supone una falta de liquidez vital para la continuidad de muchas empresas y que a su vez obliga a contratar operaciones financieras con los gastos que conllevan».