PP, BNG y PSOE acuerda en el Parlamento reclamar también la transferencia de la ordenación pesquera y la investigación oceanográfica
10 mar 2021 . Actualizado a las 19:36 h.Quedan excluidos del acuerdo político los puertos de interés del Estado, el servicio de Salvamento Marítimo o la regulación de las titulaciones náutico-pesqueras, pero todo demás, es decir, desde el control del dominio público marítimo-terrestre hasta la investigación oceanográfica, pasando por las competencias sobre ordenación pesquera, serán reclamadas para la Xunta de Galicia.
Ese es, a grandes rasgos, lo que refleja el pacto que todos los grupos con presencia en el Parlamento gallego lograron este miércoles para hacerlo valer ante el Gobierno central. La iniciativa partió de los populares, que inicialmente solo proponían reclamar la transferencia de la gestión del dominio público marítimo-terrestre. Esos 2.000 kilómetros de costa en la que se asientan «máis de 5.000 edificacións», recoge la iniciativa del PP—, entre las que figuran no pocas instalaciones de conserveras, depuradoras, frigoríficos o plantas acuícolas, cuyas concesiones pueden peligrar en el futuro —entienden los populares— debido al proyecto de ley de Cambio Climático.
La diputada popular Marisol Díaz Mouteira fue la encargada de defender la iniciativa, demandada por el PP desde el 2009, en aras de promover un «desenvolvemento urbanístico uniforme» y ahondar en la simplificación de los trámites administrativos.
Puso de relieve que hay otras comunidades, como Cataluña y Andalucía, a las que el Gobierno central sí transfirió la gestión de las autorizaciones y concesiones en el dominio marítimo-terrestre entre el 2008 y el 2011, algo que no se hizo con Galicia, «e non será por non pedilo», puntualizó Díaz Mouteira.
«Travestismo político»
Aunque al final se llegó a un acuerdo, de entrada la oposición reaccionó con extrema dureza a la petición del PP. Desde el BNG, el diputado Luís Bará habló de ejercicio de «camuflaxe» y «travestismo político» de los conservadores, pues arguyó que el fortalecimiento del autogobierno gallego no estuvo nunca entre sus prioridades, mientras desde el PSdeG, Pablo Arangüena calificó la iniciativa de «escapismo político competencial», y cuestionó que sea la Administración gallega, y no Costas, la que mejor conozca la realidad del dominio público marítimo-terrestre.
Bará fue incluso más allá y dijo que tras la propuesta del PPdeG «ten catro letras: Ence», pues cree que lo que prevalece es el interés de la celulosa por perpetuarse en la ría, si bien Mouteira se limitó a criticar que el Gobierno cambiara el criterio de las concesiones de las empresas.
Al final, el BNG planteó una enmienda para asumir, aparte del dominio público, todas las competencias con incidencia en la costa y la pesca. El PP le cortó las alas, retirando del acuerdo los puertos del Estado o el Salvamento, pero abrió la mano a pedir también las competencias sobre la investigación y ordenación pesqueras, propuesta a que también se sumó el PSdeG.