La Xunta insiste en retirar la retroactividad de la Ley de Cambio Climático

Las conselleiras de Medio Ambiente y Mar, Ángeles Vázquez y Rosa Quintana, se han dirigido por carta al delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, exponiendo la preocupación de la Xunta por las consecuencias negativas del anteproyecto de Ley de Cambio Climático para el sector de la industria ubicada en la costa gallega. Reclaman que se modifique la redacción del artículo 18, que da pie a interpretaciones opuestas sobre la duración de las concesiones y las prórrogas en dominio público marítimo-terrestre. Las conselleiras se reafirmaron en que el texto que se está debatiendo en el Congreso impone un carácter retroactivo que afectaría a todas las concesiones costeras en Galicia.

Quintana y Vázquez se dirigen a Losada a raíz de las declaraciones del delegado del Gobierno en Galicia sobre las consecuencias de tan polémico artículo en la reunión que este mantuvo con el comité de empresa de Ence. Losada transmitió a los representantes de los trabajadores de la pastera que la futura ley no afectará a la planta de Pontevedra, porque no tendrá carácter retroactivo. Las conselleiras insisten en que sí lo tendrá, remitiéndose a lo expuesto por el dictamen del Consejo de Estado, que reclamó al Gobierno de Pedro Sánchez que cambiase la redacción del articulado para ajustarlo a la Ley de Costas del 2013, que prevé que la suma de concesiones y prórrogas puedan exceder el plazo de 75 años, límite que el actual Gobierno estatal no quiere que se rebase con su anteproyecto.

Inseguridad jurídica

Las dos conselleiras apelan a jurisprudencia del Constitucional para exigir una redacción inequívoca en contra de la retroactividad en el artículo 18. Para Vázquez y Quintana, las declaraciones de Losada «agravan» la inseguridad jurídica con que la industria está viendo la deriva del debate de esta ley. Por eso instan a Losada a que aclare a qué interpretación del artículo se suma el Gobierno en la actualidad y que, en caso de rechazar la retroactividad de las prórrogas, «cando menos modifique o artigo para dar seguridade xurídica» conforme al Consejo de Estado y «para non crear máis inquedanzas nas industrias que desenvolven a súa actividade nas costas galegas».

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