Bruselas critica el veto de España al comercio de marrajo por ineficaz para el «stock» y dañino para la flota

En respuesta a una pregunta del gallego Millán Mon, el comisario de Pesca dice que no se recuperará así la población


redacción / la voz

La vicepresidenta para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, parece haberse pasado de verde con el marrajo. No tiene precisamente fama de poco conservacionista el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, y, sin embargo, este no ha tenido empacho en sugerir que vetar el comercio de esta especie abierta a la extracción, como ha hecho España -que incluso a convencido a los Veintisiete para imponer un cupo cero a la venta-, es desacertado.

Así lo deja ver el lituano Sinkevicius en una respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el eurodiputado gallego Francisco Millán Mon acerca del sinsentido que supone que esté permitida la captura de marrajo dientuso y que, sin embargo, se pongan límites a su comercialización aferrándose a que la especie ha sido incluida en el apéndice dos de la CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres). Esas trabas mantienen 90.000 kilos de la especie bloqueados, almacenados en barcos y frigoríficos, y la única solución que ofrecen desde Transición Ecológica es su destrucción. Con los costes que eso acarrea. Y el desperdicio alimentario que supone.

Quebranto económico

En esa respuesta difundida por Millán Mon, el Ejecutivo comunitario argumenta que «una prohibición de venta y retención total conlleva un quebranto económico para la flota y no tiene demostrados beneficios medioambientales». En concreto, el comisario señala en el texto que el veto «de retención total no contribuiría sustancialmente a la conservación de esta especie, y además sería contrario a la política pesquera común de la UE y perjudicaría a todas las flotas implicadas». Tal y como, por otra parte se han cansado de denunciar los armadores de barcos espaderos gallegos. La Comisión aclara, además, que la UE es partidaria de «permitir, en determinadas circunstancias, la retención y la venta de marrajo dientuso capturado muerto». De hecho, son los ejemplares que llegan sin vida al costado del barco los únicos que pueden ser alijados, dado que si están vivos, la flota tiene la obligación de liberarlos.

El pronunciamiento del Ejecutivo comunitario sobre el embrollo que han montado entre el Ministerio de Agricultura y Pesca -permite desembarcar dos ejemplares por marea cuando antes el límite en el 2020 estaba en 940.000 kilos- y el de Transición Ecológica -impone un cupo cero para el marrajo del Atlántico norte cuando el año pasado lo dejó en 300 toneladas- refuerza la determinación de las organizaciones pesqueras de actuar jurídicamente contra Ribera, que se niega a emitir certificados, y reclamar daños patrimoniales por valor de un millón de euros.

Una «desautorización» a Planas y a Ribera

Para el eurodiputado gallego del Partido Popular Europeo no cabe la mayor duda de que, con su respuesta, la Comisión desautoriza «la errática política del ministro Luis Planas y de la ministra Teresa Ribera respecto de la pesca y venta de marrajo». El eurodiputado gallego insta al Ministerio de Agricultura y Pesca y al de Transición Ecológica a trabajar conjuntamente con la Comisión Europea para conciliar la protección del marrajo con la sostenibilidad socioeconómica de la flota de palangre de superficie gallega. Millán Mon expone que el marrajo dientuso reviste una gran importancia para la flota palangrera gallega, ya que supone el 10 % de sus capturas anuales. Los cerca de 160 buques palangreros de superficie gallegos desembarcan unas 3.000 toneladas al año, extraídas en el Atlántico, el Índico y el Pacífico, por valor de unos 10 millones.

Asimismo, el popular recuerda que en octubre pasado, la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia aprobó una resolución en la que instaba al Gobierno español a analizar medidas de protección del marrajo que no conlleven un quebranto económico para la flota y que tengan en cuenta las acciones de gestión sostenible que diferentes organizaciones regionales de pesca (ORP), como la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), han tomado.

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