Galicia reclama a Ábalos la tasa de faros para sufragar el Servizo de Gardacostas

El PP rechaza la iniciativa del BNG de pasar los helicópteros a gestión pública


redacción / la voz

Galicia es una de las pocas regiones de Europa, si no la única, que tiene un servicio de salvamento y lucha contra la contaminación propio. Su dinero le cuesta. En torno a 14 millones al año. Helicópteros, remolcadores, lanchas... Medios todos que la comunidad autónoma pone a disposición de la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo (Sasemar), que es la que coordina las actuaciones cuando hay una emergencia. Pero las facturas llegan todas a Galicia, que las paga religiosamente con fondos propios.

Pero, claro, ese gasto anual reduce «a capacidade de cofinanciar outras accións susceptibles de ser abordadas con fondos europeos, ou a posibilidade de poder desenvolver outras actividades das súas no marco competencial marítimo-pesqueiro», expuso la popular Teresa Egerique. Lo dijo ayer, al defender en la Comisión de Pesca del Parlamento de Galicia la propuesta del PPdeG de pedir al Ministerio de Transportes -al que está adscrita Sasemar- que contribuya a financiar un servicio que, a fin de cuentas, «atende as demandas de apoio e atención que se lle formulan desde Salvamento Marítimo».

Así, si en su día el departamento que lleva José Luis Ábalos decidió subir las tasas que el Gobierno central cobra por los faros y señales marítimas para compensar el déficit que anualmente arrastra Sasemar, no estaría mal que parte de ese dinero se dedicase a cubrir los costes de Gardacostas, no en vano Galicia posee «arredor do 45 % dos existentes en España». Y eso fue lo demandó el PPdeG: que el Estado aporte parte de las tasas que usa para financiar Salvamento para sostener también el servicio gallego y que ceda a las arcas autonómicas la parte proporcional de lo que cobra a la flota gallega por los faros y señales marítimas.

Asumir las competencias

Si la iniciativa salió adelante fue porque el PPdeG tiene mayoría suficiente, porque no encontró respaldo ni en el PSdeG, ni en el BNG. La socialista Patricia Otero afeó a Egerique que no emplease más términos que gasto, coste y otros sinónimos al hablar de un servicio dedicado a salvar vidas, que se acordasen de pasar el cepillo al Estado ahora que el partido que sustenta al Gobierno no es el suyo y que pidan parte de la recaudación en lugar de pedir bonificaciones para la flota en esas tasas. Y tampoco encontró comprensión en el Bloque. Es más, los nacionalistas presentaron una enmienda a la moción del PPdeG solicitando el traspaso a Galicia de las competencias en Salvamento Marítimo, puesto que «o mar de Fisterra non é a manga do mar Menor» y «ninguén mellor que os galegos coñecen a súa costa e as medidas que hai que adoptar», dijo Carmen González Iglesias.

Pero los populares no aceptaron. «Non está demostrado que sexa máis efectivo tendo as competencias», alegó Egerique, que rechazó las enmiendas tanto del PSdeG como del BNG.

La asunción de competencias fue también lo que disuadió al PPdeG de votar a favor de la iniciativa defendida por la nacionalista Rosana Pérez de exigir a Babcock España que cumpla escrupulosamente el contrato de operación y mantenimiento de los helicópteros de Gardacostas, toda vez que se han dado situaciones irregulares, como mantener el Pesca 1 enVigo con operatividad limitada o haber tenido en Celeiro un Pesca 2 de características distintas a las estipuladas en el contrato más de la mitad del año. De hecho, admitió Egerique, esos incumplimientos fueron penalizados por la Xunta con 24.505 euros.

Por eso que el PPdeG apoyaría investigar a Babcock, aplicar penalizaciones e, incluso, resolver el contrato, pero no aceptó «recuperar a xestión pública do Servizo de Gardacostas», como planteaba el Bloque.

El Parlamento acuerda pedir la revisión del decreto que favorece la pesca con rascos

Al Gobierno gallego no le ha gustado nada la modificación normativa que ha hecho la Secretaría General de Pesca para engordar el censo de embarcaciones del caladero nacional que pescan con rascos. Según la exposición de motivos que el Gobierno central plasmó en el real decreto 968/2020, de 10 de noviembre, la cuota de rape de aguas ibéricas -en un 85 % de España- no se consume. Apenas se extraen el 35 % de las posibilidades de pesca y ninguna de las tres modalidades que se reparten la cuota (rasco, arrastre y artes menores) alcanza el 50 % de sus cupos.

En el caso del rasco, el consumo el año pasado fue del 28 %. Por eso el Gobierno decidió cambiar las normas y permitir a los barcos usar el doble de red y aumentar la luz de malla dentro de lo permitido por la normativa comunitaria. Pero lo hizo sin atender las alegaciones del Gobierno gallego. Y este cree que no se ha analizado a conciencia las consecuencias. Según explicó Teresa Egerique, que defendió una iniciativa para instar al Gobierno a revisar el real decreto, recorta el descanso semanal que tiene esta flota, puede afectar al esfuerzo pesquero sobre la especie y, además, perjudica a la flota de arrastre y de bajura que captura rape.

De nuevo el PPdeG se vio solo en la aprobación de la iniciativa. El PSdeG la rechazó y acusó a los populares de buscar la confrontación con el Gobierno central y de enfrentar a artes y el BNG se abstuvo porque no tiene constancia de que haya descontento, sin olvidar que la normativa es muy reciente y data de noviembre.

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