Londres se reserva el derecho a tomar medidas para asegurar la sostenibilidad

A partir del día 1 de enero, el Reino Unido recuperará la soberanía de sus aguas. Como Londres repitió hasta la saciedad a lo largo de cuatro años y medio, será el Gobierno británico el que decida quién pesca, qué pesca e, incluso, el que decidirá cómo se pesca. El cuánto se ha recogido en esas 1.264 páginas que marcan el devenir postbrexit de aquí a dentro de cinco años y medio. Después, el Reino Unido y la Unión Europea negociarán cada año los totales admisibles de capturas (TAC) de los más de cien stocks que comparten. Y si bien prevé que se puedan aplicar aranceles a los productos pesqueros en caso de ruptura del acuerdo por cualquiera de ambas partes, la desconfianza del sector pesquero europeo hacia los británicos conduce a sospechar que más tarde o más temprano llegarán las zancadillas en nombre de un principio que también encandila a Bruselas: la sostenibilidad. (Medioambientalmente entendida, claro).

ACCESO A LAS AGUAS

Cinco años y medio. El acceso mutuo a aguas y mercado está garantizado hasta junio del 2026. Cinco años y medio en los que la flota comunitaria pescará un 25 % menos de lo habitual, que ha pasado a manos de la flota británica. Con ese tajo ya hecho, a partir del 2026 la UE y el Reino Unido negociarán año a año la friolera de 119 stocks compartidos.

medidas recíprocas

La sostenibilidad ambiental por cabecera. La mejor información científica disponible sobre el estado de las poblaciones será el credo de los británicos y en nombre de esa sostenibilidad se reservan el derecho a adoptar medidas de gestión y limitaciones del esfuerzo pesquero. Eso sí, no caben caprichos. Si se imponen penitencias, deben ser para propios y extraños, sin discriminación. Si se tiene en cuenta que las organizaciones ecologistas ya han puesto en marcha una campaña para prohibir los superarrastreros -mayores de cien metros-, los armadores gallegos, aunque sin ninguno en su censo, ya han visto saltar las alarmas.

órgano específico

Comité especializado en pesquerías. Como en otras áreas, también en la pesca habrá un comité especializado en la materia, que desarrollará lo establecido en el texto. Entre otras misiones, decidirá los mecanismos de intercambio de cuotas entre las partes, podrá elaborar estrategias plurianuales de conservación y ordenación pesquera como base para fijar totales admisibles de capturas (TAC), establecer protocolos para la recogida de datos de pesca, proponer medidas para mejorar la selectividad de la pesca... En definitiva, mediar entre las partes y aplicar la cláusula de revisión de las condiciones de acceso pactadas.

AUTORIZACIONES

Concesión de licencias. Tanto la UE como el Reino Unido comunicarán «con tiempo suficiente» la lista de barcos para los que pretendan obtener licencia. Cada parte se responsabilizará de que sus buques cumplan las reglas y las condiciones del permiso otorgado. Podrán pedir licencia aquellos barcos que hayan pescado en las aguas del otro cuatro años en el período comprendido entre el 2012 y el 2016, cuando los británicos dijeron sí al brexit.

  

negociaciones

TAC y cuotas. Antes del 10 de diciembre de cada año se celebrarán consultas para establecer los totales admisibles de capturas (TAC) y cuotas del año siguiente, que deben estar acordados antes del 31 de enero de cada año. La decisión se tomará en base al mejor asesoramiento científico disponible y atendiendo también a criterios sociales y económicos. Podrán realizarse transferencias de cuotas entre las partes y modificar los TAC informándose mutuamente con antelación suficiente.

falta de acuerdo

El amén del ICES. Si el día 20 de diciembre de cada año no hay acuerdo sobre el TAC de una especie, se capturará provisionalmente una parte de la cantidad propuesta por los científicos del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) hasta que se alcance un consenso.

El día en que los británicos salieron de «compras» para hacerse con más cuotas

Iván López, portavoz de la Alianza Pesquera de la Pesca (EUFA), tiene una forma muy gráfica de explicar cómo se fraguó una cesión de cuotas al Reino Unido que dejó trasquilones en la pesca comunitaria. «Se hizo un cálculo del importe de lo que los países de la Unión pescan en sus aguas (637 millones) y se le dio un 25 %, 161 millones. Con ese cheque, fue al mercado y pidió tanto de esto, tanto de lo otro y un poco de aquello». Ahí está la razón de que la flota española, que tiene especies objetivo que apenas interesan a la flota del Reino Unido, hubiese salido en un primer momento relativamente poco perjudicada. Apenas se tocó a la merluza, algo al rape y al gallo, nada a su xarda, jurel y lirio... De lo que más se metió el Reino Unido en la bolsa con sello de España fue maruca (ling), una especie que aquí en Galicia suelen colar por bacalao y que los británicos usan para sus fish&chips.

López se mostró tan molesto como la Xunta y los demás compañeros de EUFA al conocer el tono pletórico de Planas al comunicar que la flota española había salido casi indemne del brexit. Porque es cierto, dice, que ahora no han pedido la xarda de Galicia, pero le han dado un tajo importante a la que pesca la flota del puerto irlandés de Killybegs, donde la especie desova a las puertas de su casa y se encuentran con que ha perdido un 13 % de su cuota. Es decir, «que 40 de los 161 millones lo han invertido los británicos en la xarda de Killybegs. Esa vorágine por acaparar cuotas ha llevado a los británicos a comprar hasta el bacalao de la UE en las Svalbard, y esta se lo ha cedido sin contar con Noruega. «Así que a ver en qué va a dar todo esto», apunta López.

La Xunta convocará al Consello Galego de Pesca para evaluar el «brexit»

Ni en Nochebuena ni en Navidad ni en fin de semana el sector ha podido descansar. Las noticias desde Bruselas han mantenido en vilo a pescadores y autoridades gallegas. Todavía son incapaces de atisbar el impacto global que tendrá el acuerdo postbrexit, pero ya se han puesto manos a la obra, en vista de que no tendrán las facilidades que sí se las ha ofrecido a otros sectores como el del automóvil.

La conselleira de Mar, Rosa Quintana, mantuvo ayer un encuentro por videoconferencia con los representantes de las federaciones gallega y nacional de cofradías de pescadores, la asociación viguesa de armadores de Gran Sol (Anasol), la asociación coruñesa Arpesco y la Organización de Productores Pesqueros OPP Lugo y Puerto de Celeiro para analizar de forma preliminar lo que ha dado de sí un acuerdo que no satisface a nadie, a pesar de haber evitado el peor de los escenarios: el cierre total de las aguas.

En el encuentro, Quintana se comprometió a convocar «nos vindeiros días» un Consello Galego de Pesca extraordinario para analizar al detalle las consecuencias del pacto alcanzado entre Bruselas y Londres, que permitirá a los británicos arañar un 25 % más de cuota en sus aguas, a costa de las flotas comunitarias. Para preparar el terreno, la titular de pesca anunció que la Xunta encargará dos informes con los que se podrán escanear las incidencias en el sector. El primero será de carácter técnico-administrativo y servirá para evaluar el impacto en la actividad extractiva y en la comercialización de los productos pesqueros. El segundo será de carácter jurídico. Y es que todavía hay dudas sobre los problemas legales con los que se podrían encontrar los buques gallegos. Tanto la Xunta como el sector manifestaron ayer su preocupación «ante os aspectos aínda descoñecidos sobre a relación entre a UE e o Reino Unido a partir do 2021» y lamentaron las concesiones hechas por el negociador, Michel Barnier, porque «todo aquilo que se perde agora en posibilidades de captura non se vai recuperar no 2026, cando haxa que negociar de novo a relación a futuro entre europeos e británicos». Esa incertidumbre, aseguran, perjudicará las decisiones de inversión de las empresas gallegas a largo plazo y añadirá más presión sobre las flotas que operan en pesquerías mixtas.

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