El Parlamento gallego exige que la Ley de Cambio Climático excluya la costa

El PSdeG se abstiene de pedir que se retire del texto la alusión a las concesiones


redacción

Asegura Rosana Pérez (BNG) que cualquier gallego conoce el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética más que cualquier otro de la Constitución Española. Puede parecer exagerado, pero lo cierto es que el oriundo de Galicia se ve más concernido que cualquier otro gentilicio del Estado por lo que recoge esa polémica disposición. Un apartado que los nacionalistas propusieron retirar de un texto legislativo ideado para paliar los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero y frenar el cambio climático -fin loable que, aclaró Pérez, comparte el BNG-, pero que, sin embargo, se adentra en terreno sensible al aludir a la duración de las concesiones y las prórrogas de ocupación de terreno del dominio público marítimo terrestre de unas empresas poco sospechosas de favorecer el calentamiento global y modificar el clima y sí alentar la economía gallega de forma importante.

Desde que el BNG presentó su iniciativa -allá por septiembre pasado- han cambiado cosas. Por ejemplo, ya se ha cerrado el período de enmiendas y no caben más alegaciones. Y se ha pronunciado también el Consejo de Estado, haciéndolo, además, en el sentido del BNG: que la reforma de la duración de las concesiones tiene que hacerse en la Ley de Costas, no en la de Cambio Climático. Lo que no ha variado es esa amenaza e inseguridad jurídica que, a juicio de los nacionalistas y de los propios afectados, supone el artículo 18 para «ducias de empresas beneficiosas e perfectamente integradas». Pérez es imprecisa, numéricamente hablando, de forma intencionada, porque ni son los «milleiros» de empresas y edificaciones afectadas con las que «alarma o PP» ni las poco más de «vinte concesións» con las que el PSOE trata de pintar un asunto «irrelevante considerado illadamente», en palabras de la socialista Patricia Otero.

Esta apuntó que puede que los gallegos se conozcan el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático, pero no se lo saben de forma completa porque nadie acaba de leérselo hasta el final. Y en la lectura que hace Otero no pone que se finalizan las concesiones, ni que se modifica la Ley de Costas, normativa que necesita una revisión para la que, tal y como se comprometió el Ministerio de Transición Ecológica, se contará con la opinión del sector afectado. La diputada socialista defendió que hay que diferenciar entre aquellas empresas que necesitan realmente estar al lado del mar y las que no, del mismo modo que hay que distinguir los usos de la costa que se hacen en Levante, más residencial, que en Galicia, más productivos.

Cuestión de competencias

Precisamente ahí radica el problema, para el BNG: que Galicia no tiene competencias en la costa, ni en el mar, ni en el dominio público marítimo-terrestre y eso le lleva a tener que padecer «a lexislación centralista e uniformizadora que pensa e deseñan os diferentes Gobernos de Madrid». Sin hablar de asumir competencias, algo parecido dijo el PPdeG: «Madrid mira só para o Mediterráneo», apuntó Teresa Egerique, que reprochó a Otero que justificase la reforma de la Ley de Costas recurriendo a «argumentos de Levante».

Esa confluencia de pareceres dio pie al PSdeG a hablar de pinza y acusar al Bloque de hacerle el trabajo al PP, lo que a la nacionalista Rosana Pérez calificó de «absolutamente insultante», puesto que el BNG no ha hecho más que «recoller a inquietude do sector que se achegou ao BNG». Y si, como sostiene el PSOE, lo que recoge el artículo 18 «é irrelevante», tal y como apuntó Otero, «que problema hai en retirar o artigo de unha lei que nada ten que ver co sector pesqueiro galego porque non contribúe ao efecto invernadoiro e se transmite tranquilidade ás empresas», preguntó Pérez antes de rechazar la enmienda socialista.

Así, con la abstención del PSdeG, BNG y PP acordaron instar al Gobierno a retirar el artículo 18 de la Ley de Cambio Climático.

 

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