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Bruselas prorroga tres meses los cupos de Gran Sol y permitirá pescar un 25 % a la espera del «postbrexit»

La Voz REDACCIÓN

SOMOS MAR

Ana García

Planas y Quintana se arman de argumentos para evitar que la pesca española pierda 22 millones de euros

15 dic 2020 . Actualizado a las 05:00 h.

Luis Planas y Rosa Quintana volverán a hacer tándem en un Consejo de Ministros de Pesca dedicado a fijar las cuotas de pesca que se presenta tan atípico como lo ha sido todo este extraño 2020. Singular porque el covid y las restricciones que esta ha introducido en El Huevo -como popularmente se conoce al edificio del Consejo- podrían dejar a la conselleira gallega, que acude en representación de las comunidades autónomas, fuera de la sala en la que se toman las decisiones. Y chocante porque se ha reducido de forma importante la nómina de stocks para los que hay que definir totales admisibles de capturas (TAC), dado que la UE y el Reino Unido no han sido capaces de definir su relación tras el brexit antes del último Consejo de Pesca del año y, por tanto, Bruselas ha decidido esperar para fijar las cuotas en Gran Sol y aguas adyacentes a las británicas.

Eso sí, en este Consejo se decidirán las condiciones que permitirán a la flota comunitaria continuar pescando en esa zona a partir del día 1 cualquiera de las 119 pesquerías compartidas con el Reino Unido. Según explica el Ministerio de Agricultura y Pesca en un comunicado, la solución que se ha encontrado es permitir que los barcos comunitarios puedan «disponer en el primer trimestre del 2021 de un 25 % de los TAC establecidos para el año 2020 de las poblaciones compartidas». Esa será la solución que apoyará el ministro español, siempre que «las cantidades disponibles sean suficientes para atender las particularidades de especies que, o bien se pescan en su mayor parte a principio de año, o bien pueden ser limitantes en la pesca de otras especies y así se evita que, como consecuencia de la prohibición de descartes, la flota vea afectada la captura de la pesquería principal». Con Gran Sol descafeinado, lo mismo que las especies de aguas profundas -la propuesta para el besugo aún está en el aire-, el caladero del Cantábrico y el Mediterráneo centran las preocupaciones de Madrid y Galicia. Los cálculos que ha hecho la Administración gallega arrojan que, con la rebaja de 11.797 toneladas de pescado que trae para España la propuesta del Ejecutivo comunitario, la flota española perdería 22,8 millones, si se toma como referencia el precio medio de cada especie propuesta para recorte. Un deterioro que notaría con fuerza el arrastre -cada buque dejaría de ingresar 150.367 euros al año- y que sufrirían también las artes menores.

Argumentos socioeconómicos

Para evitar eso, tanto Planas como Quintana se han armado de argumentos socioeconómicos que equilibren una sostenibilidad que Bruselas solo apuntala por la parte biológica. Así, España se opondrá a la reducción propuesta para la merluza, de un 12,8 %, y rechaza también que se pierda la flexibilidad interespecies para este stock, que es lo que hace posible cargar las capturas accesorias para las que no se dispone de cuota contra las de otras para las que sí se tienen posibilidades. Aparte de rehusar el recorte, Planas expondrá que ya es hora de revisar el modelo de evaluación que se emplea para determinar la salud de la merluza con respecto al rendimiento máximo sostenible (RMS), pues necesita «ajustes». España defenderá que se mantengan las cuotas actuales, agarrándose a la «mejora sustancial de las poblaciones en el Atlántico», gracias al esfuerzo del sector pesquero y eso es algo que merece recompensa. Porque «la sostenibilidad de las pesquerías es clave, pero debe ir de la mano de la rentabilidad del sector».