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El Gobierno retirará la exención fiscal a los puertos españoles en el 2020

Redacción | La Voz

SOMOS MAR

ANGEL MANSO

Las cinco autoridades portuarias de A Coruña, Vigo, Ferrol-San Cibrao, Vilagarcía y Marín-Ría de Pontevedra se verán afectadas

15 nov 2019 . Actualizado a las 16:58 h.

Las exenciones fiscales a los puertos españoles tienen los días contados. A partir del 2020 sus autoridades tendrán que tributar como sociedades. Es la decisión que ha adoptado el Gobierno español para evitar un expediente sancionador de Bruselas que podría acarrear multas millonarias. 

Lo anunció esta mañana la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. La danesa manifestó su satisfacción por el compromiso del Gobierno de poner fin a una situación de desventaja competitiva: «Los puertos son infraestructuras fundamentales para el crecimiento económico y el desarrollo regional (...) Al mismo tiempo, si los operadores portuarios obtienene beneficios de actividades económicas, deben ser gravados de la misma manera que otras empresas con arreglo a la legislación fiscal nacional ordinaria para evitar distorisiones de la competencia», deslizó.

Según las explicaciones del Ejecutivo comunitario, las actividades no económicas como el control y la seguridad del tráfico marítimo o la vigilancia de la contaminación son actividades que quedarán fuera del ámbito de aplicación del control de las ayudas de Estado ilegales. Se consideran un servicio público. No así los beneficios que obtienen las autoridades portuarias por la explotación comercial de las infraestructuras de los puertos. Esto supone gravar el acceso remunerado a puerto, los ingresos procedentes de contratos de arrendamiento o de concesión y otras tasas portuarias.

Bruselas justifica esta medida, que el Gobierno español se ha visto forzado a aplicar, alegando que la exenciones del impuesto sobre sociedades les confería una ventaja competitiva al operar en el mercado interior frente a otros puertos europeos. Especialmente en el País Vasco, donde las autoridades portuarias están exentas por completo de este gravámen.

Italia no ha tenido la misma suerte. A pesar de las llamadas de atención de Vestager, el Ejecutivo italiano se ha negado a reformar la legislación, una actitud que ha llevado a Bruselas a abrir una investigación en profundidad para sopesar posibles sanciones. 

Puertos gallegos

Las cinco autoridades portuarias de Galicia se verán afectadas por esta decisión. De forma global, los beneficios netos generados por todas ellas rondaron el año pasado los 22 millones de euros. La de Vigo encabeza la lista. Registró unos resultados positivos netos de 8,9 millones, seguida de Ferrol-San Cibrao (6,4 millones), Marín-Ría de Pontevedra (3,3 millones), A Coruña (2,2 millones). La de Vilagarcía de Arousa cerró el ejercicio del 2017 con unos beneficios netos de 703.000 euros.