Los conservacionistas piden leyes más duras contra una lacra que, según la FAO, mueve 20.000 millones de euros
06 jun 2018 . Actualizado a las 07:47 h.Hace año y medio, todo el esfuerzo desplegado por el Ministerio de Agricultura en el marco de la operación Sparrow -la primera y su secuela, que tanto han hecho sacar pecho al Gobierno español-, y por la Guardia Civil y la Interpol con la Yuyus para desmantelar una red supuestamente tejida desde Galicia para lucrarse con la pesca ilegal caía en saco roto a los pies del Supremo. El alto tribunal decidía archivar la causa contra el clan ribeirense protagonista de ambas películas porque el delito medioambiental que se le imputaba a varios miembros de la familia era penalmente punible por la legislación española, pero no allí donde supuestamente ejercían la pesca pirata y, por tanto, España no era competente para juzgar ese expolio.
Precisamente en esa línea va la reivindicación que lanzaron los conservacionistas de Oceana en una ocasión como la de ayer, primera vez se conmemoraba el Día Internacional de la Lucha la Pesca Ilegal, no Regulada y no Reglamentada. La organización reclama que esas siglas en inglés, IUU, sean sinónimo de delito en todo el mundo, para impedir eso de lo que alertaba el magistrado del Supremo Antonio del Moral en el voto particular que emitió en aquella sentencia en cuestión: «El riesgo de convertir el océano en un mosaico de pueblos sin ley», al declararse no competente. Por eso, en línea con el objetivo de la ONU de acabar en el 2020 con la pesca pirata, Oceana lanzó ayer un llamamiento a los Gobiernos de todo el mundo para que la pesca ilegal sea delito ambiental punible. «Todos los países deben reconocer que la pesca ilegal a gran escala es crimen organizado y tratarla como tal. Los piratas deberían estar entre rejas y no navegando libremente por los océanos», sentenció Lasse Gustavsson, director ejecutivo de Oceana Europa.
La preocupación por una lacra que, según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), representa el 20 % de las capturas mundiales y mueve alrededor de 20.000 millones de euros al año es lo que llevó en noviembre pasado a la ONU a instaurar este día internacional, llamado a sensibilizar a la población y poner el foco sobre unas prácticas que atentan contra la sostenibilidad medioambiental y contra el modo de vida y sustento de muchas poblaciones costeras.
Acto en Roma
Con motivo de la efeméride, que coincide con el Día Mundial del Medio Ambiente porque este comparte fecha con la entrada en vigor del Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto -considerado el primer tratado internacional para desalentar la pesca IUU-, la UE y la ONU organizaron un acto en Roma en el que pidieron la colaboración de un mayor número de países para frenar la pesca ilegal en todo el mundo.
El comisario de Pesca, Karmenu Vella, llamó a todos los países a comprometerse políticamente en la resolución de este problema y a desarmar a los piratas: «En todo el todo el mundo, despiadados operadores están vaciando nuestros océanos. Los peces y, sobre todo, las personas están pagando el precio. Tener océanos vacíos supone vaciar estómagos y carteras», dijo Vella.
Los fastos de este primer día internacional contra la pesca IUU seguirán hoy en España, donde la Secretaría General de Pesca ha organizado una jornada sobre los retos de futuro que presenta la lucha contra esta lacra. Será en el lucernario del Ministerio de Agricultura y está invitado el director general de Pesca de la FAO, el islandés Arni Mathiesen.
Indonesia hundió más de 300 barcos piratas y la UE sacó «tarjeta amarilla» a 25 países
Ayer fue la ocasión perfecta para resumir qué granitos de arena han aportado los Estados contra la pesca ilegal. Vella hizo gala de la aportación comunitaria apuntando que la UE está trabajando con más de 50 Gobiernos, a los que presta asistencia financiera y técnica y de que ha sacado 25 tarjetas amarillas, de advertencia a aquellos países que no han hecho esfuerzos por perseguir la pesca pirata. Esos avisos han surtido efecto en más de la mitad de los casos. El director general de la FAO, José Graziano da Silva, insistió en la importancia de que todos los países «estén a bordo» para que el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector del Puerto sea efectivo, evitando que los barcos que pescan de manera ilegal puedan escapar de los controles dirigiéndose a terceros Estados. Da Silva apuntó otras iniciativas en marcha, como un registro global de buques pesqueros y directrices voluntarias para documentar capturas y para la actuación del Estado del pabellón, así como estudios sobre los transbordos en alta mar. Subrayó asimismo que la pesca IUU «está conectada a otras actividades ilegales como el tráfico de personas o la esclavitud», recogió Efe.
El esfuerzo indonesio
Mientras, la ministra de Asuntos Marítimos de Indonesia, Susi Pudjiastuti, apuntó que su país hundió 363 barcos para «mandar un mensaje fuerte». Además, en el 2015, el país identificó a más de mil barcos extranjeros que violaban las leyes nacionales e incluso traficaban con personas, combustible y especies en peligro de extinción. Pudjiastuti indicó que en estos años han prohibido las transferencias en alta mar, han invertido en tecnología para vigilar las aguas y han capturado varios buques buscados por la Interpol.