La trama de Barbanza blanqueó en tres meses 14 toneladas de almeja furtiva

Tan escondida como la depuradora ilegal, oculta entre las callejuelas de Cabo de Cruz, estaba la libreta manuscrita que permitió a la Policía Autonómica concluir con éxito la operación Entrerrúas, que se saldó en octubre pasado con 27 detenidos y el desmantelamiento de una trama de furtivismo que blanqueaba y colocaba marisco en cien restaurantes de toda Galicia. Ese cuaderno, en el que el propietario de la instalación ilegal anotaba cada kilo de almeja que compraba y cuánto pagaba por ella, hizo posible que los agentes del Equipo de Respuesta Policial (Erpol) de la Policía Autonómica conociesen que, en poco más de tres meses, del 20 de marzo hasta julio, compró cerca de 14 toneladas de almeja a los 18 furtivos que tenía en nómina. Y pagó por ellos 58.000 euros. En la libreta se detallaba también la cantidad que se entregaba a cada uno de los proveedores, alguno de los cuales figura al lado de cantidades que suman 7.000 y 8.000 euros en esos tres meses.

Esa especie de dietario pertenecía al propietario de la depuradora ilegal, como él mismo reconoció en su declaración ante el titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Ribeira, donde el pasado jueves declararon también otras 18 personas a los que la Policía Autonómica acusa de delitos de furtivismo.

Lo extraído por 18 furtivos es el 14 % de lo que vendieron los 250 productores de Cabo de Cruz Ahora bien, aunque admitió que era suya la libreta y que las anotaciones eran de su puño y letra, sostuvo en todo momento que desconocía la condición de mariscadores ilegales de los que le ofrecían la almeja. Dijo que sí, que venían muchos a ofrecer bivalvos. E incluso en alguna ocasión, muy esporádica, compró, cuando le hacía falta algunos kilos para completar pedidos que los clientes o para sembrarlo en el vivero que tiene en Carril, pero todo lo hacía en B, sin expedir ni factura, ni recibo, ni vales. Si, como aseguran los agentes de la Erpol, había personas que salían de su casa repartiéndose el dinero, él no sabía nada. En cuanto a su depuradora, que no disponía de registro ni autorización, admitió que la instalación era algo rudimentario y muy casero, pero que peor habría sido ponerlo en el mercado sin depurar.

También ofreció justificación para esa extraordinaria rentabilidad que la Policía Autonómica detectó en su parque, que arrojó una productividad de 36 kilos por metro cuadrado, cuando lo normal es de 7 como mucho. El propietario alegó que su vivero produjo más porque comercializó de dos parcelas, una de las cuales había vendido poco antes de las anotaciones del dietario.

Blanqueo

Sin embargo, la Policía Autonómica sostiene que el propietario de la depuradora ilegal de Cabo de Cruz, con ayuda de otras dos instalaciones legales de O Freixo y Ames, blanqueaba la almeja que compraba a los furtivos haciéndola pasar por bivalvo procedente del vivero de Carril y asignándole sucesivamente el mismo número de lote a varias partidas, de forma que, según la investigación, se empleó idéntico registro para más de 800 kilos.

La operación Entrerrúas arrancó a raíz de una denuncia de la Cofradía de Cabo de Cruz, principal perjudicada por la acción de los furtivos. Sirva de referencia que en esos tres meses que figuran en la libreta la cantidad que los 18 furtivos vendieron al viverista es un 14 % de lo que comercializaron los 250 productores de Cabo por los cauces legales: 103 toneladas. Por ellas, facturaron en lonja algo más de un millón de euros.

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