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Tres depuradoras de Barbanza y Santiago ponían marisco de furtivos en el mercado

Javier Romero Doniz
JAVIER ROMERO REDACCIÓN / LA VOZ

SOMOS MAR

Hay 27 detenidos en una operación que empezó en los arenales de Cabo de Cruz

31 oct 2017 . Actualizado a las 09:17 h.

Grupos organizados y violentos de furtivos afincados en la comarca de Barbanza, una depuradora clandestina en una casa de Boiro en la que, según reflejan las fotos de la investigación, se utilizaba lejía para limpiar las piscinas de almeja, y otras dos depuradoras legales en Outes y Santiago dan forma a una trama de extracción y venta ilegal de marisco a la que la Policía Autonómica responsabiliza de colocar en el mercado toneladas de bivalvo sin control sanitario. El operativo policial -bautizado como Entrerrúas- comenzó hace meses y se dividió en dos fases que suman 27 detenidos acusados de los delitos de receptación, contra la salud pública y el medio ambiente, y el decomiso de 5,5 toneladas de marisco.

La presencia de los agentes del grupo ERPOL (Equipo de Respuesta Policial) de la Policía Autonómica en Boiro coincidiendo al menos con una marea cada día desde el 2010 fue determinante para cimentar la operación Entrerrúas. El seguimiento realizado a los grupos de furtivos que operan en las concesiones de la Cofradía de Pescadores de Cabo de Cruz (Boiro) fue crucial para dar con la primera depuradora, que fue intervenida en julio. Se trataba de un negocio ilícito instalado en el bajo de una vivienda unifamiliar de difícil acceso, al estar ubicada entre calles pequeñas -de ahí el nombre de la investigación-, y en la que, según la tesis policial, se compraba bivalvo a los mariscadores ilegales. Esta primera parte de la investigación se saldó con 17 arrestos y tres toneladas de bivalvo requisadas. El trabajo policial fue más allá de las irregularidades constatadas en Boiro. Antes de finalizar la primera fase de la operación, los agentes encargados del caso hicieron un seguimiento a los grupos que extraían y comercializaban el marisco de las concesiones de Cabo de Cruz.

El trabajo de campo permitió constatar, tal y como se recoge en las diligencias, que otra parte de la almeja recolectada acaba, a través de un conocido grupo de mariscadores ilegales de Noia, en una depuradora de O Freixo (Outes), en la ría de Muros-Noia, y en otra ubicada en las afueras de Santiago. Ahí nace la segunda parte de la investigación, ya que la Policía Autonómica, gracias nuevamente al trabajo de campo y a los seguimientos, pudo constatar qué clientes tenían estas dos depuradoras y qué tipo de mercancía y en que condiciones de trazabilidad se suministraba. En esta segunda fase, los agentes decomisaron 2,5 toneladas de marisco y practicaron diez detenciones.

Diferentes canales

Fruto de las investigaciones realizadas y del estudio de la documentación intervenida en la primera fase de la operación Entrerrúas, la Policía Autonómica pudo determinar, tal y como recoge en sus informes, que el marisco extraído de manera ilegal llegaba al consumidor a través de diferentes canales, aunque lo más habitual era que se sirviesen de personas habilitadas legalmente para la distribución y tratamiento del marisco, que utilizaban depuradoras ilegales para meter en el mercado el producto obtenido por los furtivos. Los agentes dan por probado que alguno de los investigados obtenía grandes beneficios económicos que fuentes oficiales cifraban ayer en 7.000 euros, pero sin concretar en qué período de tiempo.

La Policía Autonómica abrió expediente a varios restaurantes de Compostela

La Voz

Las incontables horas de trabajo de campo realizadas por los agentes del grupo ERPOL (Equipo de Respuesta Policial) de la Policía Autonómica desde la primavera del año pasado llevó a sus integrantes a varios restaurantes de Santiago, que eran sospechosos de adquirir mercancía que no tenía la trazabilidad acreditada.

Dicho trabajo de campo fue trasladado a la Xunta, que a través de la Consellería de Sanidade y con la supervisión de los agentes de la Policía Autonómica, pudieron hacer inspecciones en estos negocios.

El resultado de las comprobaciones dio pie al inicio de expedientes administrativos en varios negocios, siendo alguno de ellos muy conocido en la capital gallega, hasta el punto de que era frecuente ver a altos cargos del Gobierno gallego y otras personas públicas entre sus clientes.

Secreto de sumario

La fase judicial de la investigación Entrerrúas se instruye en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ribeira, aunque cuenta con el apoyo del Juzgado de Muros y otro de Santiago, áreas en las que también fue necesaria una autorización oficial para que la Policía Autonómica completase el trabajo iniciado en Boiro. Sobre dichas actuaciones pesa el secreto de sumario, aunque ayer mismo se hizo la petición expresa a la jueza de Ribeira para que levante el secreto de las actuaciones coincidiendo con la entrega de nuevas diligencias policiales.