Bruselas exige a España que liberalice con urgencia el servicio de estiba
SOMOS MAR
La Justicia europea podría imponer sanciones económicas si no se acata la sentencia
17 feb 2017 . Actualizado a las 07:51 h.Las cosas se están poniendo difíciles para el Gobierno español. Por todos los flancos. Después de tres años de inacción, el dosier sobre la liberalización de la estiba le ha estallado en las manos. A la presión de los profesionales del sector por un lado, se suma ahora la Comisión Europea, que tira del otro extremo de la cuerda para forzar a España a acatar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se remonta a diciembre del 2014. En el texto se constata que el actual sistema para el servicio de estiba portuaria vulnera el derecho de libre establecimiento y concurrencia, al obligar a las empresas a contratar únicamente a operarios procedentes de las sociedades anónimas de gestión de trabajadores portuarios (Sagep).
Tres años después, el Ejecutivo de Mariano Rajoy sigue dando largas. La última, estos días, al anunciar un nuevo aplazamiento del decreto ley para la reforma del sector. Los retrasos, la falta de voluntad política para afrontar los cambios y la creciente hostilidad de los estibadores, que amenazan con paralizar la actividad, colmó ayer la paciencia de la Comisión Europea. Su portavoz, Margaritis Schinas, recordó al Gobierno español que «es necesario que la ley española refleje las conclusiones del TJUE. Confío en que la solución que emerja respetará los requisitos». Bruselas quiere que se haga de forma urgente. No hay espacio para más dilaciones. «Estamos en contacto con las autoridades españolas para encontrar una solución que se ajuste a la sentencia (...) Queremos que se garantice la competencia en los puertos españoles mientras se ofrece un alto nivel de protección a sus trabajadores», aclaró después de hacer un resumen del dosier. Y es que la Comisión lleva mucho tiempo batallando para que España ponga fin a las restricciones de acceso de operadores a los puertos.
El as de las sanciones
El proceso de liberalización es irreversible. A Bruselas todavía le queda en la manga otro as con el que atar en corto al Ejecutivo: las multas. Si el proceso de reforma se retrasa más de lo previsto, el equipo de Juncker podría solicitar al TJUE la imposición de sanciones de hasta 130.000 euros por cada día de incumplimiento de la normativa europea, como ya pasó el 17 de noviembre, cuando la Comisión solicitó multas de 171.217 euros diarios a España por el deficiente tratamiento de las aguas en aglomeraciones urbanas como las de Vigo y Ribeira.
La pelota está en el tejado del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que tendrá que pergeñar una fórmula que satisfaga las demandas de los más de 6.000 estibadores y se amolde a las exigencias de Bruselas.
El PP acusa a los estibadores de usar el «chantaje» para mantener sus «privilegios»
Los representantes sindicales y de la patronal de la estiba se afanaban ayer en cuadrar agendas con Empleo para abrir ese diálogo que Fomento enmarca en la negociación colectiva y en el que «se pueden incluir aspectos que no tienen cabida en el real decreto de reforma de la estiba por mandato expreso de la Comisión», expuso el gabinete de De la Serna en un comunicado. El ministro mostró su satisfacción por la desconvocatoria de la huelga de la estiba, un movimiento con el que los trabajadores respondieron a su oferta de retrasar el real decreto.
Que el PP no tiene respaldo lo evidencia que ayer se quedó solo en sus ataques a los estibadores. El PSOE fue el primero en asegurar que no respaldaría una reforma impuesta de la estiba, postura a la que se sumaron Podemos, PNV, CiU, Esquerra, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Marea, Compromís y, ayer, Ciudadanos, cuyo líder abogó por un decreto consensuado.
Mientras, el portavoz del PP, Rafael Hernando, acusó a los estibadores de usar «métodos chantajistas» para mantener unos «privilegios» que ya nadie tiene en España, al tiempo que les advirtió de que su empeño en que no se alteren sus condiciones de trabajo, como dice que ha ordenado la Justicia europea, puede provocar paro, desempleo y «perjuicios a todos los españoles». Así, instó al colectivo a sentarse a negociar con las empresas para superar esa «etapa de privilegios» y acabar con el «nepotismo» y con la «repugnante exclusión de las mujeres». La respuesta llegó por boca de Pablo Iglesias, que espetó que si los estibadores tienen esas condiciones es porque se las han ganado.