El sector considera que las sanciones del Estado son suficientemente disuasorias
23 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No es ningún secreto que la Comisión Europea está revisando su reglamento de control, después de cinco años en vigor. Lo anunció el propio comisario de Pesca y Asuntos Marítimos, el maltés Karmenu Vella, que se mostró abierto a valorar todas las aportaciones que puedan realizarse para mejorar la vigilancia de la flota comunitaria y, sobre todo, eliminar esa sensación de injusticia que los pescadores de un país tienen con respecto a sus vecinos.
Las primeras sugerencias han sido las realizadas por el Parlamento Europeo, a través del informe de la eurodiputada socialista Isabelle Thomas. Y posiblemente las segundas hayan sido las remitidas desde Galicia, que en un arranque de proactividad (un hábito que el sector gallego pretende autoinculcarse para convertirlo en rutina) ha remitido un documento con las modificaciones que, a su juicio, deben aplicarse en el reglamento de control. Ya no solo para mejorar la vigilancia, sino, sobre todo, para evitar que inculcar una «cultura del cumplimiento» ponga trabas y dificultades al ejercicio de la actividad pesquera.
Porque eso es lo que ocurre actualmente con una norma que evidencia un «desconocimiento profundo de la realidad de la pesca». Tanto, que en ocasiones no se puede cumplir por «la imposibilidad técnica de adaptar la actividad pesquera a las disposiciones con las que se pretende regularla».
A analizar esas disfunciones se ha dedicado un grupo de trabajo creado ex profeso dentro del Consello Galego de Pesca. Y una de las principales con las que ha topado es un sistema de puntos que el sector considera a todas luces innecesario.
Colisión legal
Así es que entre las propuestas figura la supresión del artículo que regula el carné por puntos. Los profesionales gallegos consideran que las herramientas que tienen los Estados miembros a su disposición «son ya de por sí lo suficientemente disuasorias y un sistema con el articulado por la Comisión choca con el derecho legítimo a ejercer la profesión por parte de los patrones de pesca», recoge el documento redactado por el equipo que dirigió el secretario xeral de Pescagalicia, Torcuato Teixeira.
Además, hace caer «sobre las empresas pesqueras un sistema de penalización que puede implicar la retirada de la licencia con carácter definitivo, una medida «desproporcionada frente a otras alternativas que no supongan el cierre empresarial y el despido de los trabajadores afectados», continúa el texto remitido a Bruselas desde Galicia. Y es que no hay muchos sectores económicos en los que por una infracción administrativa grave se cierre la empresa.
Multas exageradas
Por lo menos en el caso de España, la cuantía de las sanciones previstas -que desde el sector pesquero se han criticado por exageradas- es lo suficientemente disuasoria como para, por encima, exponerse a que retiren la licencia al patrón o se prohíba operar a la empresa.
Otra de las cuestiones que Galicia quiere corregir en el reglamento tiene que ver con las inspecciones. El texto dispone que estas se realizarán tratando de reducir al mínimo los inconvenientes ocasionados al buque o al vehículo de transporte que lleva la mercancía. También establece que los agentes tendrán que evitar deteriorar las capturas durante la inspección. Sin embargo, no recoge que antes de abandonar el barco deben explicar si han encontrado irregularidad alguna. Eso es lo que quiere remediar el sector gallego, que pide que se incluya que los inspectores tendrán que notificar a los patrones las actas levantadas a bordo de los buques una vez concluido el examen y antes de abandonar el barco.
Menos tiempo para descargar las capturas y pesarlas en el momento del desembarque
Ser proactivo es lo opuesto a tener que actuar de forma reactiva. Ir por delante y plantear propuestas más que esperar a que se publique una normativa y tener que intervenir a marchas forzadas para evitar que se prohíba el xeito, que se imponga el uso de boyas capaces de llevarse con él a un trabajador o tener que dejar pasar cuatro horas en ocasiones a merced del temporal para entrar en el puerto base que está a menos de media hora del caladero de pesca.
De ahí el ejercicio previsor del Consello Galego de Pesca, que quiere asegurarse de que no se repitan los mismos errores en el reglamento de control. Esa norma debe tener en cuenta, antes de todo, que la actividad principal y fundamental de tripulantes y capitanes es pescar, no realizar tareas burocráticas como si se tratase de una oficina. Y atender a que no trabajan en tierra firme, sino en un barco en un medio hostil y con productos perecederos.
Cálculos a ojo
Mayor tolerancia. Galicia pide que se aumente del 10 al 20 % el margen de tolerancia que puede haber entre las estimaciones que se anotan en el diario de pesca y la cantidad que realmente hay a bordo.
Preaviso
Sin antelación determinada. También reclama que el preaviso de llegada a puerto pueda darse con menos margen de las dos horas y media que establece el reglamento, puesto que algunos barcos trabajan a escasas millas de su puerto base y no tiene sentido tener que hacer tiempo para descargar las capturas.
Pesaje
En destino. Otra demanda es que el pesaje de las capturas pueda hacerse en el momento del desembarque excepto cuando este puerto no sea en el que se van a subastar, circunstancia en la que se permitirá que sean pesados en el puerto de destino antes de su venta y siempre que vayan acompañados de la guía de transporte en la que figure el peso estimado.
Mermas
Importaciones. En ocasiones ocurre que el puerto de desembarque está en un país distinto en el que se van a comercializar las capturas. En ese caso llegan pesadas desde el otro Estado miembro y cuando se vuelven a introducir en la báscula en destino se ha producido una merma. Galicia cree que el margen de diferencia debe aumentarse al 25 %.
Un control que debe trascender al sector pesquero
La Comisión se llena la boca con la Economía Azul, el Crecimiento Azul y, en su Europa Azul, se olvida de que la pesca no es el único que pinta de ese color mares y océanos. Es por eso que Galicia quiere hacer trascender a otros sectores con los que comparte escenario algunas de las disposiciones del reglamento de control. Así es que ha propuesto la inclusión de un nuevo artículo que afecta al control de las zonas de pesca restringida. «Las áreas cerradas a la pesca para la recuperación de stocks, hábitats, etcétera, especialmente aquellas definidas como ecosistemas marinos vulnerables (VME), deberán ser igualmente protegidas de los potenciales efectos adversos derivadas de las actividades humanas no pesqueras que pretendan planificarse en las mismas». Un cometido en el que, a juicio del sector pesquero gallego, deben implicarse tanto la Dirección General de Asuntos Marítimos de la Comisión Europea, la de Desarrollo, la Agencia Europea de Seguridad Marítima y la de Control de la Pesca.
Los profesionales gallegos justifican su postura alegando que en un enfoque ecosistémico es evidente el fuerte impacto que actividades no propiamente pesqueras tienen en los mares. Así que el control sobre los espacios marinos vulnerables no solo debe dirigirse a la actividad pesquera, sino a protegerlas de que no resulten dañadas por otras.
Porque la pesca considera que siempre paga los platos rotos. Se siente el blanco de los ataques de los conservacionistas, que no actúan con igual crudeza hacia la búsqueda de petróleo o canalizaciones para la comunicación.