Noruega fija para abril el juicio por las pensiones de los exmarineros gallegos

La causa de Long Hope -la asociación que agrupa a marineros españoles, en su mayoría gallegos, que trabajaron a bordo de buques mercantes noruegos pagando IRPF pero sin generar derecho a pensión-, ha conseguido sortear todos los obstáculos que el Gobierno de Oslo les ha puesto en forma de maniobras dilatorias y ya tiene fecha para el primer combate judicial. La vista contra la Administración noruega se celebrará entre el 3 y el 5 de abril en el juzgado de primera instancia de Oslo. «Case vinte horas de xuízo», a razón de seis y media cada día, explica Alberto Paz Viñas, portavoz de la agrupación.

Ese será el primer paso de un periplo judicial que los afectados dan por hecho que será largo y que presumen -aunque ni de lejos desean- acabará en el Tribunal de Derechos Humanos de la Unión Europea, donde consideran que se verán más claramente la «grave injusticia social» -definición de la propia UE- contra la que llevan años luchando.

Camino para los particulares

Agotar la vía judicial en Noruega es una condición que se exige a los particulares que quieren que la corte de Estrasburgo examine su caso. Cosa distinta son las demandas interestatales, que ya van directamente al tribunal comunitario sin el rodeo de la Justicia noruega. De ahí que los exmarineros españoles estén presionando al Gobierno con escritos, protestas y manifestaciones para que asuma su demanda y les ahorre unos plazos de tiempo que son vitales para un colectivo más que talludito.

La cuestión de Long Hope es una supuesta situación de discriminación por razón de nacionalidad. El colectivo sostiene que Oslo violó sus derechos al impedirles beneficiarse de su sistema de protección social por no tener la residencia en el país. No les permitieron cotizar a la seguridad social antes de 1994 y, por tanto, no generaron derecho a pensión por seguir teniendo su vivienda en Boiro, Noia o Sanxenxo. Y, sin embargo, no estar empadronados en suelo noruego no les eximió de tener que pagar impuestos como cualquier otro vecino con casa en Oslo, Tromsø o Bergen. Sin embargo, el ciudadano noruego estaba incluido en el sistema solo por nacer en ese Estado, independientemente de donde trabajase o tuviese su hogar.

Ni que decir tiene que los representantes de Long Hope se desplazarán a Oslo con motivo de la vista. Y se harán oír. Pretenden manifestarse cada uno de los días del juicio delante del Parlamento noruego, para recordarles que les deben millones de coronas noruegas; no en vano pagaron 520 millones de euros en concepto de IRPF entre 1945 y 1994.

En tanto no llega el juicio, los afectados van cumpliendo trámites. Los presentados en la causa han comenzado a enviar a Noruega las reclamaciones individuales de la pensión a la que creen tener derecho. Es un paso administrativo que el abogado noruego que los defiende les ha recomendado dar, que refuerza la reivindicación judicial.

Además, en el apartado político, el cambio de Gobierno en Santiago y Madrid recomienda repasar situaciones con las nuevas autoridades y representantes en O Hórreo y en la carrera de San Jerónimo. Para las del terruño ya hay calendario. Mañana, la directiva de Long Hope se reunirá con En Marea a las 11, para una hora después hacerlo con el PSdeG. Para el miércoles también habrá doble cita: a las 12 con el BNG y a las 17 horas con el PP.

Oslo se enfrenta también a la demanda por discriminación de buzos extranjeros

No solo son los exmarineros gallegos los que han sufrido en sus economías las normas supuestamente discriminatorias en las que Noruega sustentó su sistema de protección social. A la demanda de Long Hope se ha sumado recientemente la de otros dos ciudadanos europeos, un británico y un irlandés, que trabajaron para empresas noruegas como buceadores en las plataformas del mar del Norte. Ambos reclaman a Oslo que les conceda las mismas compensaciones que a sus colegas noruegos, con los que trabajaban codo con codo. De hecho, los profesionales del buceo alegan que realizaron el mismo tiempo de trabajo que los noruegos para reclamar la pensión.

Sin embargo, Noruega los despachó en reiteradas ocasiones del mismo modo que ha hecho con los gallegos: denegando su solicitud porque no pagaron la Seguridad Social del país. Cierto, pero no cotizaron porque no se lo permitía noruega por ser extranjeros y no residir allí.

El abogado de los buzos, Per Danielsen, como el de los gallegos, Øivind Østberg, opina que han sido discriminados, ya que todos los buzos pagaron impuestos, trabajaron en territorio noruego y sus empresarios fueron noruegos. Así que el letrado va a presentar una demanda solicitando una indemnización que ya ha sido pagada a 258 buceadores noruegos.

Ambos profesionales, que padecen enfermedades posiblemente relacionadas con su trabajo, recibieron 67.000 coronas, la misma que todos los que no tenían Seguridad Social cuando el Estado perdió el juicio contra los buzos noruegos en Estrasburgo.

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