Arrastreros reclaman 30 millones por la venta de cuotas en el Cantábrico
SOMOS MAR
Es el dinero que han dejado de ingresar en dos años por esas operaciones «ilegales»
17 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Después de reclamar en los tribunales que se anulen las compras de cuotas efectuadas durante los años 2013, 2014 y 2015 en el Cantábrico, la asociación Pescagalicia-Arpega-Obarco ha hecho un cálculo del valor anual de esos derechos de pesca transferidos definitivamente solo el año pasado. Y la suma es astronómica: 15 millones de euros, que han dejado de ingresar los 75 buques del censo de arrastre de fondo del caladero Cantábrico-Noroeste, denuncia la organización de productores.
Pescagalicia estima que este 2016 las pérdidas serán similares, «con lo que solo en dos años, en virtud de estas ventas de derechos ilegales, toda la flota de arrastre de litoral del Cantábrico se ha visto afectada con la imposibilidad de realizar ingresos por más de 30 millones de euros», subraya la asociación.
Juan Carlos Corrás, gerente de Pescagalicia, explicó que, según sus cálculos, durante los tres ejercicios en que el Gobierno central permitió a los armadores vender la cuota de barcos que al mismo tiempo se acogían a las ayudas para el desguace, se realizaron 23 operaciones de este tipo. Estaban amparadas por el plan de gestión del caladero aprobado en el 2013.
Todo por un informe
Pero este documento fue anulado por la Audiencia Nacional porque carecía del preceptivo informe del Consejo de Estado y aún está pendiente el fallo del Tribunal Supremo. El Ministerio de Agricultura reaccionó a la decisión de la Justicia elaborando y aprobando en noviembre del 2015 otro plan que sustituía al anterior. Esta nueva regulación prohibió ya realizar esas transferencias definitivas de cuotas entre armadores y, al mismo tiempo, amparó las operaciones ya realizadas en los años anteriores. Este último extremo fue el que más indignó a Pescagalicia, que por ese motivo ha recurrido ese último plan que legaliza el anterior.
La organización de productores considera que las cuotas vendidas bajo el paraguas del documento anulado deben ser reintegradas y luego repartidas linealmente entre todos los barcos que faenan en el caladero. Como siempre se hizo, recordó Juan Carlos Corrás, salvo en ese impás entre el 2013 y finales del 2015.
La cuota de los barcos que se dan de baja revierte de nuevo en el ministerio, que luego la distribuye de modo lineal entre el resto de la flota. «Lo normal es que todos tengamos lo mismo», consideró el gerente de la organización de productores. Sin embargo, fruto de esos años en que se permitió vender a otros armadores los derechos de pesca, ahora, por ejemplo, «hay buques con 700 toneladas y los demás, con 300».
Negociar compensaciones
Pescagalicia reclama al nuevo Gobierno que se forme en Madrid que derogue la orden actual que ampara esas operaciones y negocie con toda la flota afectada una compensación por los daños económicos producidos por permitir esas transmisiones de pesca «a todas luces ilegales».
Claro que los armadores que compraron esos derechos no están de acuerdo con los argumentos esgrimidos por Pescagalicia y consideran que la inversión que realizaron hace unos años debe respetarse.