El Gobierno defiende ante Santo Tomé que el «Alemar» no practicó pesca ilegal
SOMOS MAR
Se queja del modo en que fue apresado y exige al país africano que libere el pesquero
12 ago 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El Ministerio de Agricultura, del que depende la Secretaría General de Pesca, sostiene que el palangrero gallego Alemar Primero, con base en A Guarda, no ha practicado la pesca ilegal, como lo acusan las autoridades de Santo Tomé y Príncipe. También que la «mayoría de las capturas» que guardaba en sus bodegas -entre ellas, tintoreras- fueron obtenidas en aguas internacionales y son de especies incluidas en el protocolo pesquero entre la Unión Europea y esa república africana del golfo de Guinea. Y que el tiburón «no está excluido de ese acuerdo».
Las autoridades españolas salen así en defensa de la liberación del barco gallego, que mañana cumplirá una semana retenido en el puerto de Neves, al norte del país, acusado de practicar la pesca dirigida del tiburón, algo ilegal para las autoridades de Santo Tomé porque consideran que esa especie no está incluida en el pacto pesquero con Bruselas.
El ministerio ha estado en contacto permanente desde el primer día con las instituciones europeas para deshacer el entuerto y ambas están negociando con el Gobierno de Santo Tomé y Príncipe para que libere el pesquero. En las conversaciones también está implicada la embajada de España en Gabón, desde donde confiaron ayer en la «pronta liberación» del palangrero.
Fuentes del departamento que dirige en funciones Isabel García Tejerina rechazaron también el modo en que fue interceptado el Alemar Primero. En un abordaje digno de una película, las autoridades pesqueras de esa república africana, junto a sus homólogas de Gabón, interceptaron el palangrero de A Guarda a bordo del barco Bob Barker, de la organización Sea Shepherd. El aspecto fiero de este buque -la popa son las fauces de un tiburón- hizo temer a la tripulación que lo que se les acercaba eran los piratas que suelen surcar los mares del golfo de Guinea.
La organización de palangreros guardeses (Orpagu) ha elevado también una queja formal por el modo de interceptar al pesquero. Más cuando el Bob Barker carecía de código de identificación. El presidente de esa asociación, Joaquín Cadilla, detalló que la tripulación pasó miedo y que los inspectores de Santo Tomé y de Gabón, que llegaron acompañados de activistas de Sea Shepherd -abanderados de la lucha contra la pesca ilegal-, los obligaron a trocear algunas capturas para luego inmortalizar el momento en una foto. Esas imágenes están colgadas en la web de la organización ecologista.
De momento, Orpagu ya ha dado orden a sus palangreros para que eviten ese caladero africano porque «non hai seguridade xurídica», según Cadilla.
Un barco con 13 años
El Alemar Primero fue construido en el 2003. Es el único barco del armador de A Guarda José Bernardo Vicente Lomba y su hijo es el patrón del palangrero. La tripulación -entre la que hay gallegos, marineros locales y de Namibia- no está detenida, según Orpagu, pero se quedarán en Neves hasta que el buque quede libre. Otro patrón de la empresa ha viajado al país africano para apoyar a la tripulación, que duerme dentro del pesquero.
Habrá sanción en España si se procesaron tintoreras a bordo
El Alemar Primero no practicó la pesca ilegal, pero sí pudo haber infringido el reglamento comunitario que prohíbe a la flota europea procesar a bordo las capturas de tiburón, o de tintorera, en el caso del palangrero gallego. Fuentes del Ministerio de Agricultura avanzaron que han solicitado un informe oficial a Santo Tomé y Príncipe para confirmar que los inspectores que subieron a bordo del pesquero gallego hallaron las aletas separadas del tronco del escualo. Si es que sí, la Secretaría General de Pesca abrirá el correspondiente expediente sancionador al barco.
Pero ¿cuánto dinero puede ser esa multa? La directora gerente de Orpagu, Juana Parada, explicó que no se sabe porque no hay antecedentes. Según explicó, sería el primer pesquero comunitario al que se le expedienta. Y lo es por una razón: «Porque, aunque nos cueste dinero, todos cumplimos», subrayó Parada.
Desde el 2013, los barcos europeos tienen prohibido cortar a bordo el escualo y desde entonces impera la política de las aletas adheridas. Los ejemplares deben llegar a puerto enteros para ser procesados en tierra. Esto implica menos espacio en las bodegas y más personal para manipular los escualos a causa de su tamaño. Orpagu calcula que esas condiciones han incrementado sus costes en un millón anual.
Los palangreros gallegos se enfrentan ahora a otro problema: las navieras se niegan a transportar los tiburones una vez procesados presionadas por los ecologistas, que han emprendido una batalla mundial contra la pesca de esa especie.