Patrocinado porPatrocinado por

El Puerto de Vigo cifra en 1,6 millones el impacto por la marcha de Maersk

J. B. VIGO / LA VOZ

SOMOS MAR

XOAN CARLOS GIL

La Asociación de Industriales Metalúrgicos pide buscar navieras análogas para garantizar el suministro de la automoción viguesa

08 abr 2016 . Actualizado a las 05:00 h.

El traslado de las operaciones con contenedores de la naviera Maersk a Marín supondrá 1,6 millones de euros menos para la Autoridad Portuaria de Vigo, según estima su presidente, Enrique López Veiga.

La reacción entre los empresarios es dispar. La Asociación de Industriales Metalúrgicos se muestra partidaria de buscar navieras análogas a Maersk para garantizar el suministro de la automoción viguesa, por los costes del transporte y los tiempos «determinantes», explica su secretario general, Enrique Mallón. Así pues, las 45 empresas metalúrgicas afectadas por este traslado recurrirán a una naviera «homologable», de haberla.

El presidente del Puerto se pone en la peor de las situaciones para definir su estrategia. Ahora recoge la opinión de los clientes de Maersk en Vigo, para transmitirle a la multinacional danesa que no están a favor de ese cambio por los costes añadidos de transporte que conlleva.

Según Maersk, Pérez Torres Marítima, consignataria y estibadora instalada en Marín, logró la adjudicación del servicio en detrimento de Termavi (Vigo), a la que se le informó de que la decisión no es irreversible.

Diferencias

La diferencia entre los dos puertos hay que buscarlas en las tasas y tarifas que cobran las autoridades portuarias, prácticamente iguales para todas las de España al estar fijadas por ley, pero con ligeras diferencias al aplicarse una bonificación algo más beneficiosa para Marín que para Vigo, de 0,05 puntos.

Están, además, las tarifas de los estibadores, de las que se desconoce la diferencia entre ambos puertos y que, aseguran fuentes del sector, son la clave para entender la decisión de Maersk. En Vigo perdura la Sociedad de Gestión de Estibadores Portuarios, sobre las que el Tribunal de Luxemburgo dictaminó en el 2014 que no se ajustan al derecho, y eso eleva los costes. Fomento trabaja en el cambio de la ley, aunque habrá que esperar a un nuevo Gobierno que pueda modificarla, confirman fuentes ministeriales.

Desde Pérez Torres explican que negocian de forma privada con cada cliente los pagos, y Termavi tiene unos precios máximos establecidos.