Los agentes se desplazaron desde Madrid para indagar en el funcionamiento de la firma
16 mar 2016 . Actualizado a las 11:20 h.Conocer, a través de testigos directos, el funcionamiento de los barcos de la empresa de Ribeira Vidal Armadores que, presuntamente, pescaban especies protegidas en la Antártida o realizaban otro tipo de actividades consideradas como pesca ilegal en diferentes países del mundo, es el objetivo que persigue la Unidad Central Operativa Medioambiental (Ucoma) de la Guardia Civil en el marco de la operación Yuyus. Es por eso que la semana pasada se entregaron hasta siete citaciones a trabajadores de Vidal Armadores que ayer prestaron declaración en un puesto de la Guardia Civil de la comarca barbanzana.
Los agentes del Ucoma, encargados de realizar esos interrogatorios, se desplazaron desde Madrid a Galicia para llevarlos a cabo personalmente. Los citados son personas que ocuparon cargos de maquinistas, patrones de pesca o ejercieron otra actividad a bordo de barcos que posee el clan de los Vidal. Por ahora, la investigación sigue abierta, tal y como informaron fuentes oficiales del Instituto Armado en Madrid, que añadieron que podría haber nuevos operativos si la investigación lo requiere.
Lo que parece no haber aumentado desde la semana pasada es el número de personas imputadas (ocho, seis de ellas detenidas) en el marco de la operación Yuyus, según informaron fuentes próximas a la investigación. Se trata de Antonio Vidal Suárez, Tucho el Coyo, dueño de Vidal Armadores; tres de sus hijos -Antonio Vidal Pego, Ángel y Belén-; su yerno, Joaquín Manuel Pérez Mariño, y Francisco Rama Gago, contable del grupo empresarial. También están siendo investigados la esposa del patriarca, Manuela Pego Sampedro, y otro empleado, Manuel Vicente Serafín Vidal. En estos casos no ha trascendido si ya han prestado declaración en sede judicial.
La Guardia Civil, según fuentes oficiales, está a pocos días de cerrar la operación Yuyus (no se descarta hacer una comparecencia pública para presentar las conclusiones policiales de esta investigación coordinada por la Interpol).
Hallan 400.000 euros
Aún así, y a pesar de que la Audiencia Nacional, a través de su Juzgado de Instrucción número 3, ha levantado el secreto de las actuaciones, los responsables de la investigación se mantienen opacos y no han explicado detalles tan básicos e inocuos como el motivo que dio pie a bautizar la operación como Yuyus.
Lo que sí ha trascendido esta semana es que los agentes encargados de registrar la vivienda de la familia Vidal en Ribeira (el pasado día 7) encontraron una importante cantidad de dinero en metálico, que algunas fuentes elevan, presuntamente hasta 400.000 euros.
Acusan al grupo de ocultar que habían aumentado la potencia eólica para pagar menos
La demanda por impago presentada por la comunidad de montes de Xuño (Porto do Son) contra la empresa de la familia Vidal Proyectos y Desarrollos Renovables SL no deja en buen lugar al patriarca del clan, Antonio Vidal Suárez. Son muchas las curiosidades que recoge el escrito judicializado sobre el particular modo de actuar de Tucho el Coyo para presuntamente eludir el pago del canon eólico anual que la citada firma tiene que abonar por la cesión del suelo acordada en su día con los comuneros. Entre otras cosas, y según figura la demanda, se acusa a Vidal Suárez de «ocultar o no comunicar la potencia real de los aerogeneradores para rebajar o pagar menos por el canon anual a los comuneros».
Los comuneros argumentan en el escrito, que está en fase de instrucción en los juzgados de Ribeira, que fue a través de la Consellería de Medio Rural como tuvieron constancia de los hechos denunciados: «Nos percatamos de que durante el 2010 y el 2011 la empresa eólica había abonado a la comunidad el canon correspondiente a un aerogenerador de 2 megavatios de potencia, cuando en realidad, ya tenían autorizada por resolución de la Dirección Xeral de Industria de marzo del 2010 el cambio de modelo de aerogenerador, y la instalación de uno mayor potencia, tres megavatios, algo que la empresa eólica no comunicó a la comunidad de montes». Los denunciantes, que reclaman más de 50.000 euros, aseguran que el futuro de la entidad está en peligro por esta causa.