Østberg cree que hay posibilidades de ganar el caso, pero no va a ser fácil
26 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.España renunció a llevar a Noruega ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber permitido cotizar a la Seguridad Social a unos 12.000 marineros españoles -unos 10.000 gallegos-, que, sin embargo, pagaban impuestos en aquel país. Ahora, esos afectados, agrupados en la asociación Long Hope, han decidido actuar contra Oslo por su cuenta. Øivind Østberg ha asumido su defensa.
-¿Cómo supo del caso y por qué decidió aceptarlo?
-Se pusieron en contacto conmigo Alberto Paz y la directiva de Long Hope. No conocía el problema de antes. Sigo las noticias en Noruega y estoy informado de la actualidad, pero de este asunto se habla muy poco en la prensa y los medios de comunicación noruegos, a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho desde la asociación de afectados por que se hiciesen eco del caso. Es cierto que lo ha recogido alguna publicación pequeña, de difusión limitada, pero no ha aparecido nada en los principales medios de comunicación del país. Cuando me paré a estudiar el contenido del caso, comprobé que era interesante y decidí aceptarlo porque es un caso de injusticia elemental el que se ha cometido con este colectivo. Hay posibilidades de obtener una solución por la vía judicial, aunque debería ser solucionado entre los Gobiernos. Pero la negativa de Noruega a firmar un acuerdo bilateral no deja otra que acudir a la Justicia.
-¿Ha llevado antes un caso similar?
-Es un caso único en Noruega, así que nadie puede ser experto. Sí ha habido un problema con los buzos que trabajaban en las plataformas del mar del Norte, que durante muchos años estuvieron peleando judicialmente por ver reconocidos sus derechos. Pero se trataba de ciudadanos noruegos que reclamaban sus derechos. No es el caso de los marineros extranjeros, un claro ejemplo de discriminación, puesto que se les exigía la nacionalidad o la residencia para poder beneficiarse del sistema de protección social de Noruega. No son casos comparables. La fundamentación jurídica de uno y otro es diferente.
-¿Cómo se gestó esa discriminación? ¿Por qué los españoles no pudieron cotizar para la jubilación?
-Las leyes noruegas no dejan lugar a dudas de que los marineros extranjeros no residentes no están incluidos en el sistema de protección social de Noruega. Este sistema está en vigor desde el 67 y cuando se discutió su creación, tanto el Parlamento como el Gobierno noruegos eran partidarios de incluir a todos los marineros. Sin embargo, intervinieron los armadores noruegos alegando que sería muy caro, complicado y no rentable para sus negocios, que no sería competitivos a nivel internacional. Así, a los españoles no se les dio ya la posibilidad de elegir, porque se prohibió por ley su participación si no eran residentes.
-Sin embargo, sí que pagaron impuestos como si fueran residentes.
-Sí. Otro de los argumentos que emplearon para dejar a los extranjeros fuera del sistema de protección social fue que la mayoría pagaban impuestos en su país. Pero para los españoles no fue justo, porque había un acuerdo entre España y Noruega para evitar la doble imposición por el que los españoles que trabajaban en buques noruegos y cobraban sueldos noruegos tenían que pagar impuestos en Noruega, no en España. España aceptó y en todos estos años no levantó la voz ni solucionó a nivel bilateral esos 30 años de injusticia. No se firmó un convenio bilateral y, sin embargo, sí se hizo con Alemania, Holanda, Italia, el Reino Unido...
-¿No hay otro país en la misma situación que España?
-Europeo, no.
-¿Habrá que llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o podrá solucionarse el caso en la Justicia noruega?
-Primero hay que agotar la vía interna. Hay posibilidades, pero va a ser una lucha dura. No sé qué argumentos empleará el Gobierno para defenderse (aunque algunos sí los conocemos), pero sé que pondrá toda la carne en el asador. De la legalidad, de acuerdo con el ordenamiento jurídico noruego, no hay duda, pero la pregunta es si es conforme a las normas más elevadas, como la Constitución, que no acepta ninguna forma de discriminación, o los convenios internacionales.
-En todo caso, no será algo inmediato
-Son tres instancias, aunque hay posibilidad de pasar de la primera a la tercera. En todo caso, va a durar un cierto tiempo, más o menos tres años. Aunque siempre se puede solucionar con un acuerdo, depende de la predisposición del Gobierno noruego y del español. No lo descartamos, a pesar de que todas las señales apuntan a lo contrario.
-Pero, ve fundadas posibilidades de ganar el caso.
-La Constitución noruega es muy clara, al impedir cualquier forma de discriminación. Y lo impuesto a los españoles, contraviene esa norma máxima. Y, además, Noruega ha firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que en su artículo 14 prohíbe lo mismo, incluyendo la discriminación por residencia. Además, el artículo 1 del protocolo 1 del mismo convenio, garantiza la protección de la propiedad, entendida como derecho (y se entiende que la pensión es eso). Esos son los argumentos jurídicos fundamentales que se emplearán en la demanda. Ahora bien, para Noruega va a ser duro aceptar que es inconstitucional y va a ser difícil. Se puede decir que es una tarea jurídica titánica.
-¿David contra Goliat?
-Son muchos individuos que han decidido correr el riesgo de ir contra un Estado. No lo ha hecho así España.
-¿Cuándo se va a presentar la demanda?
-Esperamos poder hacerlo en otoño. Hay 200 personas a título individual que van a demandar al Estado y Long Hope lo hará en nombre de todos sus miembros.
-¿Están dispuestos todos a llegar al final?
-Sí, están dispuestos para la batalla, aunque no son jóvenes.
-¿Y usted se siente respaldado?
-Sí. Y espero que la prensa noruega dé cobertura al caso, porque la presión interna no existe. No va a ser fácil, pero hay que demostrar a la sociedad noruega de que se ha cometido una injusticia.
Los afectados se manifiestan para pedir que el Gobierno demande a Oslo
Que hayan decidido acudir a los tribunales noruegos a reclamar su derecho a recibir una pensión, no significa que los exmarineros gallegos que trabajaron en buques mercantes de aquel país hayan renunciado a que sea España la que presente una demanda interestatal contra Oslo por haber discriminado durante años a sus marineros. Y eso reclamaron ayer recorriendo las calles de Santiago en el Día de Galicia: que el Gobierno tenga la «valentía» de asumir una defensa pendiente desde hace 30 años.
Es cierto que, después de las reuniones que mantuvieron con el que será su abogado en Noruega, están cada vez más convencidos de que van a ganar el caso, pero no lo es menos que si España tomase la decisión política de pleitear contra Noruega se ahorraría no solo dinero, sino sobre todo tiempo, a un colectivo de edad avanzada que ya lleva años esperando por una solución.
Nuevas concentraciones
Es por eso que ayer se manifestaron de nuevo y que seguirán haciéndolo hasta que España asuma la defensa de sus ciudadanos. El próximo jueves estarán en las calles de A Coruña, concentrándose delante del consulado noruego, primero; y después, delante de la sede de la delegación del Gobierno. «Non imos saír das rúas, aínda que morramos un a un», afirma rotundo Alberto Paz, portavoz de Long Hope. Y no solo eso, la próxima semana irán a Madrid a recoger en el Archivo Nacional documentación que avala su batalla.
Paz reprocha al Gobierno que los «ignoraran absolutamente» y que «continúen facéndoo». De las consultas con el abogado y con expertos en Derecho do Traballo como el profesor Xosé Manuel Carril, cada vez se reafirman más en ese «abandono» por parte de la Administración española.
El portavoz de Long Hope señala que incluso el abogado noruego sostiene que España no hizo lo suficiente por el colectivo. Y eso que «tivo a oportunidade de vetar a adhesión de Noruega cando se negociou o tratado de libre comercio e non o fixo».
Long Hope calcula que habrá unos 12.000 marineros españoles, en torno a 10.000 gallegos, que pagaron impuestos a Noruega, a pesar de no ser residentes. Precisamente eso, no tener el domicilio en suelo noruego, fue lo que los privó de poder cotizar a para beneficiarse de su sistema de protección social y sin que ese tiempo trabajado compute para la Seguridad Social española.