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Más de 800 imputados en una trama de títulos náuticos falsos

e. a. REDACCIÓN / LA VOZ , AGENCIAS

SOMOS MAR

Oscar Vázquez

Entre los acusados se encuentra un gallego y hay también 22 detenidos

15 jul 2015 . Actualizado a las 05:00 h.

De los 851 imputados en la operación Sextante, que lanzó en octubre pasado desde Cádiz la Guardia Civil, uno es gallego, de la provincia de A Coruña, y supuestamente navegó por aguas de la comunidad como patrón de yate sin haber tenido que demostrar antes si sabía siquiera donde está babor y dónde estribor en su embarcación. El golpe que el instituto armado acaba de dar a la falsificación de titulaciones náuticas de recreo se saldó, asimismo, con 22 personas detenidas, los cabecillas de una trama con ramificaciones en 31 provincias españolas -aunque la mitad de los apresados son gaditanos-, y que afecta a los departamentos encargados de expedir estas habilitaciones en las comunidades de Andalucía, Cataluña, Valencia, Murcia, el País Vasco, Asturias y Galicia. En esta autonomía, las salpicaduras llegan a la Consellería do Mar, competente a la hora de otorgar las titulaciones náuticas de recreo. Del asunto, la conselleira Rosa Quintana únicamente sabe que la Justicia requirió hace algún tiempo una serie de documentación, que lógicamente se aportó, pero desconoce tanto la identidad del imputado como si forma parte de su departamento, o si su imputación obedece a que tiene en su poder un título falso.

Germen de la operación

La operación saltó cuando la Guardia Civil descubrió que un individuo relacionado con el ámbito de la náutica de recreo estaba proporcionando carnés de patrón de yate, de embarcaciones de recreo y de navegación básica, previo pago de cierta cantidad de dinero, sin que las personas a cuyo nombre iba expedido el documento se tuvieran que examinar.

Tras esa constatación, la Guardia Civil comprobó que no había solo una manzana podrida, sino que dio con la existencia de todo un entramado en el que distintas entidades relacionadas con el mundo de la náutica se estaban lucrando a cuenta de quienes querían manejar un yate o una lancha sin tener que pasar el examen correspondiente.

El instituto armado cotejó con distintas Administraciones autonómicas los carnés expedidos y comprobó que los titulares no figuraban en las bases de datos ni había copia de su examen.

El fraude tenía varias fórmulas. En unos casos, el aspirante a patrón pagaba una elevada cantidad de dinero y a cambio recibía un sobre cerrado con el título y la documentación sin haberse presentado al examen. En otros, el beneficiario figuraba como no presentado en la consellería correspondiente, pero recibía igual los documentos. Y hay una tercera modalidad en el que el matriculado sí se presentaba al examen, pero recibía la hoja autocopiable con las respuestas correctas.

Ubicuidad

En el bando de los detenidos, el fraude también presenta distintas vertientes. Así, se han dado casos de personas que formaban parte de los supuestos tribunales y, según se deduce de los papeles, había individuos que en la misma fecha y con una diferencia de dos horas habían estado examinando en dos o más provincias distintas. La Guardia Civil tiene constancia de que alguna de estos implicados habían sido coaccionadas y amenazadas por los presidentes de las federaciones para que accedieran al fraude y conservar así el empleo.

El instituto armado pone el acento en el caso de una persona, que, haciéndose pasar por voluntario altruista de Protección Civil, facturó al menos en tres ocasiones cerca de 9.000 euros al Ayuntamiento de San Fernando por unos gastos de formación, derechos de examen, alquiler de local y prácticas a los voluntarios del servicio municipal que en realidad se realizaron gratis en la sede de un club de pesca deportiva y sin tasas, pues los títulos eran falsos.

Sorpresa por el calado del golpe, de los mayores en España

Los 22 detenidos y 851 imputados con los que se ha saldado por ahora la operación Sextante deja casi en ridículo aquella operación Dorna del 2008, por la que cuatro personas fueron el mes pasado condenadas a penas de entre dos años y medio y cinco meses de cárcel como autores de los delitos de falsificación de documento público y tráfico de influencias y que obligó en Galicia a desfilar por el juzgado a futbolistas, empresarios e incluso magistrados que se creían en posesión de un título válido obtenido, eso sí, por medios ilícitos. Ni siquiera se le acerca la operación Orza, también de la Guardia Civil, que en diciembre del año pasado se saldó con siete detenidos en Ceuta y Algeciras (Cádiz) y 159 imputados.

La magnitud que ha revelado el golpe con epicentro en Cádiz ha sorprendido, incluso, a Marina Mercante y a otras instituciones, pues se han visto también afectadas capitanías marítimas, la Federación Española de Motonáutica, la de Vela y la Federación Andaluza también de Vela.

La Guardia Civil extremará la vigilancia y anunció que ha puesto en marcha una campaña de control e inspección de embarcaciones deportivas y de recreo que se prolongará hasta el 15 de septiembre. Con ella se pretende mejorar la seguridad de los usuarios de este tipo de embarcaciones, así como la de bañistas.

Entre las acciones que se llevarán a cabo se encuentra el control de los certificados de navegabilidad, el pago del seguro y la titulación de piloto requerida. Y es que en la operación Sextante se encontraron carnés falsos que habilitaban a su titular para navegar con una embarcación de hasta 24 metros de eslora a 150 millas de la costa.