Insiste en que las cuotas del sistema de estabilidad relativa están desfasadas
24 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.La conselleira de Mar, Rosa Quintana, hizo ayer una encendida defensa de la necesidad de una normativa específica para cada segmento de flota al aplicar la prohibición de los descartes en la pesca -la práctica de devolver al mar las capturas no deseadas-. En un foro en Marín, ante representantes de la UE, del Ministerio de Agricultura, y de asociaciones y colectivos pesqueros de la provincia de Pontevedra, Quintana señaló que este veto es una decisión que «non ten discusión». Sin embargo, recalcó que una aplicación unitaria de la norma podría conllevar la quiebra de muchas empresas y de las comunidades del litoral que viven de la pesca. Por eso, pidió una paulatina obligación de desembarque, con normas provisionales, en tanto no se solucionen todas las dificultades actuales, adaptando las reglas al nuevo concepto. Solo entonces, cree Quintana, debería hacerse el veto general. Recalcó: «As discrepancias xorden cando a aplicación práctica desa nova política se atopa con carencias, contradicións, falla de mecanismos adecuados para o control e, ás veces, unha escasa documentación que avale a situación real sobre as especies devoltas ao mar». Quintana fue todavía más lejos. Reclamó un trato aún más diferenciador para la flota de bajura, que, recordó, no solo está entre las más afectadas, sino que incluso podría provocar su quiebra, con enorme repercusión económica y social.
La dirigente autonómica cuestionó la objetividad de algunos de los argumentos para aplicar una normativa de forma unitaria a todas las flotas. Matizó que en los estudios de 1994 se estimaba el total de los descartes de todo el mundo en 97 millones de toneladas, mientras que en otro informe del 2005 esa cifra ya se limitó a solo 97 millones y que la propia FAO afirmó que esa práctica se ha reducido. «Despois do 2005 non atopo documentación que avale os descartes e calquera medida que se adopte sobre eles debera ser moi cauta», sentenció.
La conselleira exigió prudencia a la UE en la aplicación de la nueva política. «Debemos evitar que as regras sexan incompatibles cos postulados da política pesqueira común». En este sentido, lamentó la «discrepancia e incoherencia» entre la obligación de desembarque y la estabilidad relativa. Señaló que este último criterio debe revisarse en la UE.
Clave obsoleta
La estabilidad relativa es un criterio de reparto de cuotas de pesca de hace más de 30 años, que fija las asignaciones en base a capturas históricas para consumo humano, sin incluir las destinadas a harinas de pescado. Ahora esos cupos no se sostienen, pues hay que incluir los descartes en los desembarcos de capturas.
El representante de la Comisión precisa que la regla solo se aplicará a las especies con cuota
La intervención del representante de la Dirección General Mare de la Comisión Europea, Joost Paardekooper, fue una de las más esperadas en las jornadas técnicas de Marín. Paardekooper habló de los descartes como una herramienta de gestión en la nueva política pesquera. Ante las dudas que existían entre los armadores, resaltó que la obligación de desembarcar todo lo que se pesque se aplicará únicamente a las especies sujetas a totales admisibles de captura (TAC) y cuotas. El alto funcionario puntualizó que se pueden introducir nuevas especies «según lo vayan solicitando los Estados miembros». Insistió en que la nueva normativa actúa como una herramienta para la gestión de una pesca más selectiva y admitió la crítica de la claridad de las reglas. «Es algo fundamental para todas las partes implicadas», sentenció.
Reto histórico
En Marín también intervino el director de Recursos Pesqueros y Acuicultura del Ministerio de Agricultura, José Miguel Corvinos. Destacó el reto histórico que supondrá a la flota española «esta nueva manera de pescar». Coincidió con los demás ponentes en pedir una normativa comprensible, «que no resulte difícil de aplicar». Corvinos afirmó que España siempre ha mantenido una posición «constructiva, defendiendo los principios de sostenibilidad económica, ecológica y biológica y proponiendo instrumentos útiles». Por último, advirtió de la necesidad de empezar a «trabajar ya» para cumplir los objetivos marcados.
Polémica antes de empezar a negociar para 12.000 personas
El directo gerente de Opromar, Juan Carlos Martín, se hizo eco de la intensa preocupación que existe en el sector pesquero gallego por la nueva política de descartes y las incertidumbres que todavía rodean su aplicación. Martín advirtió de la falta de mecanismos para el control y supervisión de los planes de desperdicios, el coste económico adicional que supone para el armador, los problemas de seguridad a bordo por un peso adicional y las dificultades técnicas que existen para la aplicación de la normativa.
Patronal y sindicatos abrirán el próximo miércoles las rondas de negociación para suscribir un nuevo convenio colectivo para la industria conservera, un texto que marcará el trabajo diario de en torno a 12.000 personas en Galicia.
El apartado salarial está en el meollo del debate. Mientras la parte empresarial sostiene que su propuesta pretende «que el trabajador gane poder adquisitivo», señaló Juan Vieites, secretario general de Anfaco, la social plantea aumentos de salario, de entre el 1,5 y el 2 % dependiendo del IPC.
La jornada laboral es otro de los caballos de batalla. La patronal pretende incrementar progresivamente las horas hasta ganar 40 anuales de aquí al 2019, horizonte en el que sitúa la plataforma empresarial la vigencia del convenio. «Es uno de los sectores del sector de la alimentación y del mar que menos horas de trabajo tiene y aspiramos a incrementar la jornada por lo menos de las 7 horas actuales a las 8», precisó Vieites, que, de todas maneras, recordó que no hay nada en firme, puesto que no ha habido siquiera el primer debate desde que se constituyó la mesa negociadora.
La disposición polémica
Y si ya se aprecian diferencias en lo que respecta a salario y jornada laboral, una disposición adicional que figura en el texto presentado por la patronal ha desatado la polémica al interpretar la CIG que el convenio deja abierta la posibilidad de que se pague parte del salario en latas de conserva. Se refiere a la cláusula, que recoge lo que se denomina «plan de retribución flexible», que estipula que, de forma voluntaria y siempre que se cumplan tres requisitos, el trabajador puede sustituir parte de la retribución dineraria por «productos o servicios valorados en igual importe a dicha cuantía de retribución dineraria reducida».
Ese «productos» es lo que trae de cabeza a Rosa Abuín, de la CIG, que subraya que «os produtos, nunha empresa conserveira, son as latas».
Por su parte, desde Anfaco, Vieites niega rotundamente que eso sea así. Aparte de que, insiste, «de momento no hay nada», «es falso que se vaya a pagar con latas o en especies, está fuera de nuestras pretensiones».
El secretario de Anfaco aseguró que la retribución flexible ya se aplicaba. Esta consiste en que el trabajador pueda destinar parte de su salario bruto al pago de servicios -por ejemplo el seguro de salud o la guardería-, que reciben así un mejor tratamiento fiscal que beneficia al trabajador y no supone carga alguna a la empresa.
Análisis de E. Abuín