La Xunta y los Ejecutivos de otras seis comunidades del PP y PNV denunciarán al Gobierno por no enviar a Bruselas el informe sobre el estado de conservación del lobo
SOSTENIBILIDAD
El Ministerio de Transición Ecológica asegura que todavía dispone de dos meses para hacerlo tras haber pedido una prórroga a la Comisión Europea
30 ene 2026 . Actualizado a las 18:47 h.Los rifirrafes entre las comunidades de la parte norte de la Península y el Ministerio de Transición Ecológica por el nivel de protección del lobo y la financiación de su gestión volverán a llegar a Bruselas. Al menos es lo que pretenden los consejeros con competencias en el asunto de Cantabria, Galicia, La Rioja, Aragón, Madrid, Castilla y León y País Vasco [todas gobernadas por el PP, salvo esta última en la que está liderada por el PNV tras alcanzar un acuerdo con el PSE-EE ], que esta mañana se reunieron en Santander para abodar el impacto de esta especie en sus territorios. En este encuentro consensuaron un documento en el que anuncian la presentación de una denuncia ante la Comisión Europea por los incumplimientos del Gobierno de España de la legislación comunitaria con el lobo, en referencia a la obligación de enviar a Bruselas un informe sexenal indicando el estado de conservación de la especie. Desde el Ministerio de Transición Ecológica no han tardado en responder. Además de indicar que han optado por priorizar la calidad técnica del informe frente a un envío apresurado que podría generar inseguridad jurídica o debilitar la credibilidad de los datos aportados, recuerdan que la Comisión Europea ha aceptado su solicitud de ampliar el plazo para presentarlo. de ahi que aún dispongan de dos meses para hacerlo.
Lo que urge, estas comunidades autónomas es que se convoque de forma inmediata una conferencia sectorial de Medio Ambiente monográfica sobre el lobo, que el Gobierno cumpla sus obligaciones con la Comisión Europea y remita de forma urgente el informe sexenal sobre el estado de conservación de la especie y que transfiera a los Ejecutivos autonómicos los fondos establecidos en la estrategia nacional de gestión de ese animal.
Al encuentro, según Efe, habían sido invitadas todas las comunidades y la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagasen, que no ha asistido. Según ha asegurado la consejera cántabra de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, en una rueda de prensa posterior a la reunión, el documento cuenta también con el apoyo de las comunidades de Andalucía, Murcia, Valencia, Canarias, Extremadura, Baleares y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Al encuentro han asistido, además, las consejeras del País Vasco, Amaia Barredo; de Galicia, Ángeles Vázquez; de La Rioja, Noemí Manzanos; el consejero de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Barreda: el viceconsejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, Rafael García, y el director general de Medio Ambiente de Aragón, Alfonso Calvo.
Las consejeras de Cantabria, Galicia y La Rioja ha lamentado que desde la inclusión del lobo en el Listado de Especies Salvajes en Régimen de Especial Protección (Lespre) la presencia de la especie en sus territorios se ha multiplicado con un aumento «exponencial» de los ataques al ganado, hasta el punto, han asegurado, de «poner en peligro» la ganadería extensiva en sus comunidades. «Queremos dejar claro que nadie quiere acabar con el lobo, queremos convivir con él, pero su número está haciendo insostenible la ganadería extensiva», ha afirmado María Jesús Susinos.
Ante todas estas críticas desde el departameto que dirige la ministra Aagesen han querido aclarar que el hecho de no haber remitido todavía el informe responde a criterios de rigor científico, prudencia institucional y seguridad jurídica. De momento, como añaden, el documento no ofrece una base científica solvente, ya que en los últimos meses se han producido cambios sustanciales en la situación de las poblaciones de lobo, derivados tanto de la eliminación de ejemplares por parte de algunas comunidades autónomas como de las muertes y desplazamientos poblacionales provocados por los grandes incendios forestales.
A ello se suma, como añaden, que a principios de junio, «la Comisión Europea informó formalmente a los Estados miembros de que aceptaría pequeños retrasos en la remisión de los informes sexenales, debido a las dificultades técnicas asociadas a la implantación del nuevo sistema de reporte gestionado por la Agencia Europea de Medio Ambiente». La entrada en vigor de la Ley 1/2025 introduce una novedad procedimental relevante, al exigir la aprobación previa de los informes sexenales por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, «un extremo que actualmente está siendo analizado por el Tribunal Constitucional».