Toda esta situación viene derivada de la inclusión del lobo ibérico en Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. Esto supuso un refuerzo en la protección de esta especie, a través de una estricta limitación de la caza y el traspaso de la competencia para la gestión de las ayudas, que antes correspondía a las comunidades, al Gobierno estatal.
M. Alfonso
Desde esta misma mañana, el lobo ibérico pasa a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), es decir, se le da la máxima protección. Según explica el Ministerio para la Transición Ecológica, esta decisión se toma con el objetivo de unificar «los criterios de protección de la especie en todo el país». Sin embargo, la orden publicada en el BOE deja la puerta abierta a que se sigan aplicando medidas de extracción y captura de ejemplares. La medida ha despertado la indignación de comunidades autónomas y ganaderos. Primero, porque aseguran que resulta imposible cumplir con los requisitos que establece la orden para las batidas. Y también porque, según la Consellería de Medio Ambiente, esta decisión deja sin validez los planes de gestión del lobo de las comunidades autónomas y, con ello, se acaban las ayudas que estas tenían para compensar los daños que ocasiona en las explotaciones.
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