La protección del lobo acorrala a la ministra Teresa Ribera

Las comunidades del norte no ceden y le reiteran que se deje asesorar, mientras desde Ascel la acusan de no cumplir


redacción

Muevan la ficha que muevan, parece que los asesores de la ministra Teresa Ribera no acaban de acertar a la hora de buscar un consenso en un asunto tan susceptible como el de la protección del lobo ibérico en toda España. Ahora han vuelto a enfadar a las comunidades del norte —Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León— que concentran el 95 % de los animales de todo el Estado, pero también a la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel). Y cada uno tiene sus razones.

Porque el aplazamiento del proceso abierto para incluir a esta especie en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Especial Protección (Lespre) hasta final de año, fecha en la que esperan tener rematado el nuevo plan de gestión y control del lobo en España para garantizar la convivencia con la ganadería extensiva parece no convencer más que a las organizaciones agrarias COAG, Asaja y UPA. Fue precisamente en una reunión con ellas celebrada esta semana donde el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, avanzó que el ministerio estaría dispuesto a negociar desde cero un nuevo plan de gestión.

Plan de gestión

Y desde ese departamento del Gobierno aclararon luego que la idea es continuar con el plan de elevar la protección del lobo al norte del Duero, pero solo paralizan el proceso para tener listo un plan de gestión para todo el territorio, evitando el vacío legal que supondría aprobar la incorporación al Lespre antes porque dejaría sin efecto los planes que tiene cada comunidad.

Lo malo es que los responsables de esa gestión en Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León dicen haberse enterado «por la prensa» de ese nuevo giro en la historia. De hecho, tras mantener una reunión por videoconferencia para tratar el asunto, el viernes por la tarde emitieron un comunicado en el que creen injustificable que «o Estado manteña ás comunidades lobeiras á marxe da decisión e non se deixe asesorar». Además, urgen al Gobierno central «que desista de incluir ao lobo no Lespre ata que non estea consensuada a nova Estratexia Nacional de Xestión e Conservación da Especie».

Pero esto choca claramente con los objetivos de la Asociación para la Conservación y estudio del Lobo Ibérico (Ascel), la promotora de aumentar la protección de esta especie característica de la Península ibérica. Desde este colectivo acusan a Teresa Ribera de no cumplir sus obligaciones, al tiempo que recuerdan que el hecho de dilatar la protección del lobo provocará que «más de 300 ejemplares puedan morir este año por la caza o control letal de las comunidades autónomas».

Además, destacan que «la protección de especies en España es una potestad básica del ministerio, que se niega a ejercer en este caso en aras de un hipotético consenso».

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