El Tribunal de Cuentas de la UE insta a usar el retraso de la PAC para afianzar el Pacto Verde
SOSTENIBILIDAD
El auditor europeo dice que la propuesta de la Comisión no prueba que los agricultores precisen realmente ayudas directas
14 mar 2020 . Actualizado a las 05:00 h.No hubo acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual de la UE para el período 2021-2027 en el primer asalto y parece que el combate será largo. Tanto que la Comisión Europea calcula que la nueva política agraria común (PAC) no entrará en vigor antes de finales del 2021. El retraso de un año sobre la fecha prevista ha obligado al organismo europeo a proponer disposiciones transitorias para poder continuar financiando el desarrollo rural y realizar el pago directo a agricultores más allá de este año, al término de que expira la política actual. Sobre esta situación excepcional el Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido que el retraso aplazará también la entrada en vigor de la nueva y ambiciosa política agraria y, para no perder el tiempo, ha puesto deberes a la Comisión y a los estados miembros que, con tras la entrada en vigor de esta reforma de la PAC, aumentarán su poder de maniobra para gestionar los fondos llegados de Bruselas. Lo que les dicen los auditores europeos, según apuntan en un comunicado desde el Tribunal de Cuentas de la UE, es que el tiempo adicional que ganan debido a la ralentización de la negociación de los presupuestos «debería emplearse para abordar los desafíos relativos al clima y al medio ambiente que plantea el Pacto Verde, así como para garantizar una gobernanza sólida de la futura PAC y mejorar su marco de rendimiento». No deben bajar la guardia, vamos.
Es el dictamen que han realizado después de analizar el impacto jurídico de las normas transitorias propuestas para el 2021 por la Comisión con el objetivo de «proporcionar seguridad y continuidad a la concesión de ayudas y facilitar la transición del período actual al nuevo». También han analizado si estas subvenciones son financieramente prudentes. «A juzgar por la situación en que se encuentran las conversaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo, la aplicación del nuevo marco jurídico y de los planes estratégicos de la PAC a partir del 2022 podría plantear dificultades», afirmó Joao Figueiredo, miembro del Tribunal de Cuentas Europeo responsable de esta resolución. Además, dijo que «debería de aprovecharse el tiempo disponible para resolver las cuestiones suscitadas por el Tribunal, especialmente las relacionadas con los desafíos relativos al clima y al medio ambiente».
El dictamen del alto tribunal comunitario añade además que, dado que la propuesta abre la opción de prorrogar los programas de desarrollo rural hasta el final del 2021, cada uno de los estados de la UE deberían continuar con las medidas dirigidas a proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático. Y para ello deberían de destinar los nuevos fondos, aunque estos se rijan aún por normas anteriores.
También ponen el acento sobre las ayudas directas. Su informe explica que «la mayor parte del gasto de la PAC seguirá consistiendo en pagos directos a los agricultores», pero recalca que la propuesta no contiene bastante razones que prueben que estas ayudas son imprescindibles para la renta. Pero no solo pone el ojo en los pagos a agricultores no genuinos (aquellos cuya principal fuente de ingresos no es la agricultura o la ganadería, pero aún obtienen estas ayudas), también cuestiona los planes propuestos por ese organismo para detectar el fraude.
Al mismo tiempo advierten que la evaluación del periodo vigente se aplaza hasta dentro de seis años. De ahí que la propuesta de la Comisión para la PAC posterior al 2027 podría realizarse antes de haber evaluado de modo exhaustivo la del periodo que ahora acaba.