Las exigencias medioambientales de la PAC, un motor contra el abandono de tierras
SOSTENIBILIDAD
La mayor parte de los ministros europeos de Agricultura apoyan dedicar un porcentaje a definir de esos fondos al fomento de políticas respetuosas con el Medio Ambiente. Eurodiputados como el socialista Nicolas González Casares creen que el hecho de que se primen modos de trabajar en extensivo es bueno para Galicia porque «garantizará que la tierra se trabaje»
21 nov 2019 . Actualizado a las 22:16 h.La mayoría de ministros europeos de Agricultura estarían a favor de dedicar un porcentaje a definir de los fondos de la Política Agraria Común (PAC) a fomentar políticas medioambientales. Esta es la medida que ha presentado Finlandia, a cargo de la presidencia de turno, en el último consejo de Agricultura y Pesca. Sin embargo, las capitales reclaman conocer en primer lugar el presupuesto para el próximo marco plurianual, por miedo a un nuevo tijeretazo.
España ve con buenos ojos esta primera propuesta finlandesa, junto a la mayoría de sus socios comunitarios. De aprobarse, será cada Estado miembro el que elija una o varias intervenciones del primer o segundo pilar para alcanzar este porcentaje, lo que dotaría a la PAC de una gran flexibilidad. Esta proposición difiere de la concreción de la que presentó el año pasado la Comisión Europea, que aboga por alcanzar de forma general un 40 % del gasto relacionado con los objetivos climáticos y establecía un mínimo del 30 % para desarrollo rural. Esta es la apuesta que apoyan Alemania, Letonia, Bélgica, Italia y Rumanía.
El comisario del ramo en funciones, Phil Hogan, teme que, aunquei a priori el planteamiento finlandés de un porcentaje común «pueda resultar atractivo, corra el riesgo de conseguir lo contrario y reducir el nivel de ambición ambiental». Así, ha insistido en que la Comisión Europea «no puede aceptar ni permitir medidas que puedan suponer una rebaja en su interés medioambiental», y ha insistido en que hay que huir de «medidas vagas o poco específicas».
Helsinki ha establecido una lista preliminar de tipos de intervención que podrían tenerse en cuenta a efectos de alcanzar este porcentaje común para mejorar en materia de medioambiente y clima. Estos serían los regímenes a favor de estos objetivos, los compromisos de gestión que contribuyan a ello en el segundo pilar o un determinado porcentaje de los fondos destinados a compensar las limitaciones naturales y otras restricciones específicas. También los servicios de asesoramiento y la transferencia de conocimiento y la cooperación en la materia.
El secretario general español de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, ha planteado la necesidad de que la nueva PAC «sea la palanca que permita la transición climática y medioambiental de la agricultura, manteniendo la rentabilidad de las explotaciones agrarias». Así, ha subrayado la necesidad de que la «ayuda básica a la renta en su conjunto contabilice en el cumplimiento del objetivo dedicado a clima y medioambiente, ya que para su cobro será necesario cumplir la nueva Condicionalidad Reforzada en la que se incluyen los requisitos del pago verde actual».
En el sistema actual no existe ninguna obligación ni porcentaje mínimo destinado al medioambiente. Sin embargo, en España llevan años trabajando en esta dirección a través del pago verde o greening y por ello Miranda exige su inclusión dentro de las intervenciones posibles para alcanzar los objetivos de la nueva PAC. El pago verde es una herramienta que entró en vigor en el 2015 y pretende incentivar las buenas prácticas medioambientales en los cultivos. Algunas prácticas vinculadas a estas ayudas son la diversificación de cultivos, el mantenimiento de los pastos permanentes existentes, contar con superficies de interés ecológico o estar acogidos al régimen de pequeños agricultores. Más del 80 % de los beneficiarios gallegos de la PAC reciben el pago para prácticas agrícolas positivas para el clima y el medioambiente.
La presidencia de turno considera introducir medidas específicas sobre el seguimiento del porcentaje para que se tenga en cuenta, por ejemplo, el carácter plurianual de los compromisos del segundo pilar. Éste engloba la política de desarrollo rural y es el que más afecta a Galicia. Está cofinanciado por los fondos de la Unión Europea y fondos regionales o nacionales y busca brindar apoyo a las zonas rurales y responder a los retos económicos, ambientales y sociales.
El eurodiputado socialista, Nicolas González Casares, considera que es importante apostar por el medioambiente, ya que todos los actores se verán beneficiados. Ha insistido en que hay que «pelear para que los fondos sean suficientes» y en la importancia de espantar fantasmas catastrofistas y recordar que durante el año 2020 la PAC «estará prorrogada y durante este período de transición los pagos estarán totalmente garantizados». El eurodiputado popular Francisco Millán Mon, por su parte, ha subrayado la importancia de «apostar por la sostenibilidad con un triple criterio: medioambiental, económica y social».
Ambos representantes gallegos reconocen y aplauden los esfuerzos «de muchos ganaderos para asegurar la sostenibilidad de sus explotaciones». Por tanto, son conscientes de que para algunas explotaciones ganaderas o agrícolas supondrá un desafío tener estos objetivos presentes. Casares ha señalado que la agricultura extensiva tendrá más ayudas y considera que es una buena noticia para Galicia, porque «garantizará que la tierra se trabaje, esté atendida y no se abandone». Una consecuencia directa de que la tierra se trabaje, será un mayor cultivo autóctono y, por tanto, una importación menor. Así, con el objetivo medioambiental en mente, también se conseguirá «mitigar la contaminación de los purines y con ello controlar la contaminación de los ríos», ha concluido el socialista.
Además, la futura PAC quiere dar prioridad a pequeñas y medianas explotaciones, así como animar a los jóvenes agricultores a incorporarse a la profesión. Una medida que lleva defendiendo desde hace años el sector.
