La Xunta obtiene amparo legal para gestionar parcelas de propietarios desconocidos

La Comisión de Dereito Civil de Galicia se mostró favorable a la iniciativa que recogerá la futura Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia


redacción

Galicia dispone de once millones de parcelas rústicas repartidas entre 1,6 millones de propietarios. Esa fragmentación de la propiedad dibuja un escenario complicado a la hora de movilizar la tierra abandonada, el gran desafío del medio rural gallego al que pretende hacer frente la nueva ley que ultima la Xunta para poner en valor todo ese potencial de tierra susceptible de generar riqueza. El reto que tiene enfrente es todavía más difícil por la gran cantidad de dueños desconocidos que hay, un 8 % del total. Pero esta tarde, la Consellería de Medio Rural logró un nuevo apoyo para encarar la batalla después de que la Comisión de Dereito Civil de Galicia se mostrase favorable a «regular a atribución dos bens abandonados e sen dono a favor de Galicia», como avanzó la Consellería de Presidencia en un comunicado remitido tras la reunión.

Al encuentro, presidido por el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acudió también el conselleiro de Medio Rural, José González. De hecho, fue este último quien en la pasada reunión del grupo, celebrada el  14 de marzo, pidió un dictamen a la comisión sobre esta iniciativa reguladora que afecta a la titularidad de los bienes abandonados que no tienen dueño conocido.  Las conclusiones del dictamen serán trasladadas a la futura Lei de Recuperación e Posta en Valor da Terra Agraria de Galicia, en la que trabaja la Xunta junto con el grupo parlamentario popular. 

Ya el pasado mes de mayo el conselleiro de Medio Rural, José González, avanzó que entre las grandes novedades de la nueva norma está que la Administración autonómica pueda movilizar y gestionar las fincas de propietarios desconocidos, sin que eso suponga un proceso expropiatorio, porque una vez que aparezca su dueño, la parcela habrá recuperado un valor. La ley pretende ordenar y planificar los usos del suelo (agrario, ganadero y forestal) para aumentar la rentabilidad al tiempo que se ofrece seguridad jurídica tanto a los propietarios como a aquellos que arrienden tierras en deshuso que hayan cedido sus dueños o que, al no tener propietario conocido, su gestión pase a manos de la comunidad autónoma. 

La falta de tierra para plantar maíz o hierba  es una de las limitaciones de muchos ganaderos de vacuno para convertir sus granjas en explotaciones más competitivas. La misma limitación que también sufren los que quieren dedicarse a la cría de especies autóctonas como porco celta o vacas cachenas.

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