La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo (Ascel) asegura que el TSJCyL anuló el plan diseñado por la Junta que había autorizado a matar a 339 ejemplares de esta especie
31 oct 2024 . Actualizado a las 05:00 h.Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) anula el Plan de aprovechamientos comarcales de lobo en los terrenos cinegéticos situados al norte del río Duero en Castilla y León. Así al menos lo asegura la Asociación para al Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), que fue la encargada de llevar a los tribunales ese documento que autorizó a cazar 339 ejemplares de esta especie, de la que finalmente solo se mataron 124.
«Esta sentencia implica el fin de un período ambiental trágico, por empecinamiento de la Junta de Castilla y León, que desde el año 2008 atendiendo a intereses particulares autorizó matar lobos como única herramienta de gestión», asegura esta organización ecologista. Añade, además, que esta Administración «acumula un increíble relato de fracasos en 16 años de decisiones judiciales en su contra». Porque no es la primera vez que los tribunales intervienen en la forma en la que está gestionando esta especie.
Según Ascel, los jueces ya tumbaron el primer plan de gestión del lobo de la Junta, que fue aprobado en el 2008, los cupos de caza para 129 lobos en la temporada 2010-2011 y los que preveían matar a 143 ejemplares en las temporadas 2010-2011, 2015-2016 y 2018-2019, además del segundo plan de gestión del lobo. En total, entre el 2008 y hasta el 2022, Castilla y León autorizó la eliminación de 1.847 animales de esta especie.
La sentencia del tribunal superior viene a refrendar lo que en su día afirmó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al que recurrió la jueza de este procedimiento en busca de información, asegura Ascel. «Dice que el estado de conservación del lobo es desfavorable e inadecuado y que, por lo tanto, no se puede matar», cuenta Jorge Soto, portavoz de la organización ecologista. También «deja claro que el estado de conservación de una especie no lo puede decidir una comunidad autónoma, solo Europa a instancias de los informes científicos y técnicos que le mandan los estados».
Según Ascel, entre el año 2019 y el 2022, la Junta autorizó la caza de 339 lobos de acuerdo con el mencionado plan de aprovechamientos. Finalmente, durante esas dos temporada cinegéticas se mataron 124 ejemplares. «Es incuestionable el daño causado por la muerte por caza de estos animales», añaden en Ascel. También aseguran que «es difícil encontrar un gobierno con trayectoria ambiental tan negativa y triste e inaceptable despilfarro de dinero público empleado contra nuestra biodiversidad». En su opinión, los responsables de la «pésima e irresponsable gestión del lobo en Castilla y León» deben asumir su responsabilidad por haber aprobado matar centenares de lobo y reconocer su deuda con los ciudadanos por mentirles cuando les decían que el estado de conservación de la especie era favorable.