La ley obligará a la industria láctea a renegociar los contratos con los ganaderos cuando haya subida de costes
GANADERÍA
El Consejo de Ministros aprueba una modificación de la norma de contratación del sector que permitirá a los productores que hayan suscrito una relación comercial de más de seis meses a precio fijo lanzar una nueva oferta en caso de alzas que duren al menos tres meses. Aunque Unións Agrarias acoge con satisfacción el paso dado por el Ejecutivo, cree que se queda corto al no dar una herramienta para saber el coste de producción, ni recoge la figura del mediador
20 may 2022 . Actualizado a las 13:24 h.La subida de costes de producción que están sufriendo las explotaciones lácteas, al igual que el resto de sectores productivos, no es una novedad. El alza del gasóleo, la energía eléctrica, los fertilizantes o el pienso es un problema que las granjas llevaban arrastrando ya durante todo el 2021, pero que se ha disparado con el estallido de la guerra de Ucrania. Además medidas paliativas como la autorización de la entrada de maíz de Argentina no parecen que vayan a frenar la tendencia. Ante este escenario tan poco esperanzador, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes una serie de modificaciones en la normativa sobre la contratación en el sector lácteo que, como explican desde el Ministerio de Agricultura en un comunicado, tienen por objetivo favorecer el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria, una norma surgida de las protestas que, justo antes de la pandemia, sacaron a la calle a miles de ganaderos y agricultores que reclamaban unos «precios justos» para sus productos. La última modificación aprobada entró en vigor hace cinco meses, el pasado 16 de diciembre.
Algunos de los principales cambios a los que ha dado luz verde el Gobierno en el real decreto aprobado el martes son que abre la opción a que los productores con contratos suscritos a precio fijo que tengan una duración superior a los seis meses puedan solicitar una nueva oferta de contrato. «Esta revisión _matizan desde el Ministerio_ podrá solicitarse en los casos en los que se demuestre que durante al menos tres meses durante el período de vigencia del contrato se haya producido un incremento sostenido y continuado de los costes de producción que provoque que los productores acaben percibiendo un precio por la leche entregada inferior a estos». De ahí se desprende que la industria estaría obligada a revisar los contratos en esos casos.
La nueva medida fue acogida con satisfacción por organizaciones de productores como UPA o Unións Agrarias, aunque para el secretario xeral de esta última, Roberto García, debería ir más allá. Porque cree que no debería de obviar establecer una herramienta de cálculo de costes de producción que puedan calcular una media por tamaño y ubicacion de las granjas. «Eso é fundamental para que o gandeiro poida ir á xustiza a reclamar o que lle corresponde», apunta. A su juicio, lo que ha hecho el Ejecutivo deja en manos de la industria el poder modificar también los contratos a la baja cuando los costes bajen. Lo que pretende también es que no ocurra lo que está pasando con la Ley de la Cadena cuya efectividad a la hora de garantizar que no se esté comercializando un producto por debajo de costes de producción es, a los ojos de las organizaciones agrarias, bastante cuestionable.
De hecho, el pasado febrero la propia Consellería de Medio Rural presentó un informe elaborado en colaboración con la Fundación Juana de Vega, quien también articuló la herramienta Conta Láctea para que los ganaderos sepan realmente calcular los costes de producción de sus granjas, en el que se constataba que la mayor parte de las explotaciones estaban comercializando su materia prima a pérdidas. Porque mientras el precio de la leche creció un 3, 16 % entre el 2020 y 2021, la cuenta de ingresos creció en las ganaderías subió un 2,71%, pero los costes de producción lo hicieron en cerca de un 12%. Y no hay visos de que la tendencia cambie a corto plazo.
Otra de las modificaciones que introduce el real decreto en línea con los objetivos de mejorar el peso de los ganaderos a la hora de negociar los contratos con las distintas industrias, es la disminución de los umbrales productivos necesarios para poder constituir una Organización de Productores (OP), tanto en leche de vacuno como de caprino. El cambio es porque, como dice Agricultura ahora, «la experiencia adquirida desde la publicación de la norma ha demostrado que un tamaño excesivo para constituir estas organizaciones puede generar dificultades en la gestión y en la eficacia de las mismas». Esa medida también fue puntualizada por Roberto García: «A cuestión non está no tamaño das OPs; o problema é que a industria non quere negociar con elas. Debería de haber a figura do mediador como hai en Francia para que cando empresas e organizacións de gandeiros non cheguen a un acordo poida intervir».
Desde el departamento que dirige Luis Planas recuerdan que los problemas derivados de la guerra de Ucrania han llevado al ministerio a adoptar otras medidas extraordinarias como la aprobación del real decreto-ley 6/2022, del 29 de marzo que establece una ayuda nacional directa a los productores de leche por un montante global de 169 millones de euros.