
El ministro de Consumo se reafirma en sus críticas a la ganadería industrial española con unos argumentos que no logran rebajar la polémica
08 ene 2022 . Actualizado a las 13:44 h.Por si no fuese suficiente con la polvareda que levantaron sus declaraciones a un diario del Reino Unido —uno de los principales destinos de la carne española— en las que criticaba la calidad del producto procedente de algunas ganaderías industriales a las que acusaba incluso de maltratar animales, el ministro de Consumo, Alberto Garzón, no solo se ha reafirmado en sus palabras —«lo que dije, tal cual lo dije es impecable», afirmó el jueves en un entrevista radiofónica—, sino que ha abierto nuevas polémicas con afirmaciones en las que, bien por desconocimiento o de forma intencionada, se le cuela más de un desliz.
Explotaciones intensivas
Solo dos granjas gallegas superan las 850 UGM. Aunque el objetivo de las críticas del ministro parecía ser exclusivamente el modelo de macrogranjas, en sus últimas declaraciones ya solo diferencia entre las consideradas extensivas y el resto. En este sentido, mientras exalta las bondades de las primeras —cita como ejemplo a Asturias, Castilla y León, Andalucía o Extremadura— critica duramente a las demás que, según su opinión, producen de una forma masiva, rápida y al menor coste posible. Aunque esos aspectos son totalmente compatibles con las diferentes normativas sanitarias, medioambientales o de bienestar animal vigentes, no se corresponden con el modelo gallego. De hecho, solo dos de las 29.000 explotaciones vacunas censadas en la comunidad —se incluyen establos lácteos y cárnicos, instalaciones de recría de novillas y cebaderos de todo tipo— superan las 850 UGM (Unidad de Ganado Mayor que se corresponde con una vaca y en la que, por ejemplo, un ternero representa 0,4 UGM). Esa cantidad de vacas es la que el borrador de decreto de ordenación de las granjas que prepara el Ministerio de Agricultura recoge como tamaño máximo para una explotación convencional. Dicho de otra manera, el 80% de la producción vacuna gallega de leche y carne procede de explotaciones intensivas pero que están muy lejos de poder considerarse macrogranjas.
Contaminación
La comunidad no tiene zonas vulnerables. Garzón señala, acertadamente, que en el 2018 la Comisión Europea abrió un expediente a España por los «excesivos niveles de contaminación por nitratos vinculados a la ganadería industrial». Lo que quizás desconozca el ministro es que la mayoría de estas áreas, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica correspondientes a junio del pasado año, están en Castilla-la Mancha, Aragón y Cataluña, comunidades en las que se ubican la mayor parte de las explotaciones industriales porcinas del estado. El problema es que, como apuntan desde el sector, el hecho de no diferenciar entre el tipo de ganado provoca que se mire con desconfianza al conjunto de los ganadero. De hecho, comunidades más orientadas a la producción de vacuno como Galicia, Asturias o Cantabria no presentan áreas vulnerables a nitratos.
Gases
Superficie suficiente para gestionar el purín. El sistema de producción ganadera vinculado al aprovechamiento de la tierra, mayoritario en Galicia, y basado en la rotación de cultivos de pradería con otros de gramíneas, echa por tierra otro de los argumentos de Garzón. Es el que apunta a que las explotaciones intensivas emiten a la atmósferas grandes cantidades de gases de efecto invernadero. Lo confirma el propio Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que, después de analizar el proyecto Gestión de purines en explotaciones de vacuno lechero de Galicia. Eficiencia en el uso de nutrientes, mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero y secuestro de carbono en suelo, elaborado por el Centro de Investigaciones Agrarias de Mabegondo, constata que la fertilización con purín de vacuno a largo plazo en una pradera de siega, respecto a la fertilización mineral con nitrato amónico cálcico, no incrementa las emisiones de óxido nitroso —gas con potente efecto invernadero—, mejora algunas de las propiedades químicas del suelo como la materia orgánica y el nitrógeno, reduce las necesidades de encalado para corregir el pH del suelo, y favorece la fijación de carbono en el mismo.
Medicamentos
Controles exhaustivos. Escaso favor han hecho a los veterinarios oficiales las palabras del ministro de Consumo, en las que acusa a las granjas no extensivas de impedir incluso el movimiento de los animales, de engordarlos con «fertilizantes químicos» (solo se entiende si fue un lapsus porque esos productos son para el suelo) y de «aplicarles medicamentos hasta el momento del sacrificio». Sobre todo teniendo en cuanta la exigente normativa sanitaria existente en territorio nacional. Al menos en Galicia, todas las explotaciones están obligadas a registrar en un libro que, controlado por la Administración, todos los tratamientos veterinarios que dispensan a sus animales. Este recoge desde la identificación del veterinario que firma la receta, a la dosis empleada, el animal al que suministra e incluso los días de supresión para leche y carne de cada res. Otro tanto sucede en los mataderos donde se rechaza la entrada de animales medicados.