Los contratos serán obligatorios en el campo para las transacciones superiores a mil euros

Cualquier transacción económica que se produzca en el campo con un importe superior a los mil euros deberá estar sujeta a un contrato por escrito. Esa es una de las novedades que introduce la reforma de la Ley de la Cadena que este jueves fue aprobada en el Congreso para su aprobación definitiva antes de su entrada en vigor, una vez sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esto quiere decir que, independientemente del producto del que se trate (desde castañas hasta uva), cuando el importe supere esa cantidad deberá de formalizarse un contrato. ¿Para qué? La razón es comprobar que se cumple con una ley que prohíbe la comercialización de productos agroalimentarios por debajo de costes de producción y que todo el valor generado por esos productos se reparta de modo equitativo entre todos los eslabones de la cadena. De ahí que la norma también impulsa la creación de un registro de contratos para consagrar la prohibición de la venta a pérdidas. 

La cuestión, como reconoció el propio ministro Luis Planas, durante una entrevista concedida esta mañana a La 1 de TVE es que el cambio que introduce la reforma de la ley resulta tan profundo que se precisará tiempo para asentarlo: «Es una  modificación profunda de la ley, los efectos tardarán». 

En este sentido matizó que es «un cambio de cultura, es un cambio profundo y necesitaremos tiempo para ver sus primeros efectos». No olvidó referirse a la «urgencia» de solventar problemas como los que está atravesando el sector lácteo, con el que dice estar manteniendo un diálogo para tratar de elevar los precios que reciben los productores por su materia prima y, de ese modo, garantizar que su actividad sea rentable. 

Lo que reconoció el ministro es que la reforma de la Ley de la Cadena «no va a garantizar que todos los problemas queden resueltos, pero es un instrumento prioritario para garantizar relaciones comerciales a la altura del siglo XXI». 

Pese a la buena intención de la ley defendida por Planas desde el resto de partidos mostraron su desconfianza ante la eficacia de la nueva norma. Como recoge Europa Press, la oposición, tanto el bloque de la derecha como los socios del Gobierno, ha expresado sus dudas acerca de las posibilidades de la ley para solucionar los problemas del sector agrario. En este sentido el popular Joaquín María García Díez ha asegurado que las grandes promesas de la reforma, cubrir los costes de producción y la prohibición de la venta a pérdidas «van a ser incumplidas», ya que su regulación «no garantiza ni un euro».

Para Mari Carmen Martínez Granados, de Cs, la ley «no va a mejorar los problemas que tenía el sector», pues considera que el reconocimiento de costes efectivos «por sí mismo no soluciona los problemas».

«TOCARÁ VOLVER A REFORMARLA», ADVIERTEN LOS SOCIOS

Joseba Agirretxea, diputado del PNV y presidente de la Comisión de Agricultura, ha reconocido un «sabor agridulce» con la norma, que veía como «una maravillosa oportunidad» que, finalmente, «se ha quedado a medias». «Queríamos solucionar una serie de cuestiones. ¿Las ha solucionado? No del todo», ha dicho.

«Tocará volver a reformarla», ha abundado Xavier Eritjá (ERC), lamentando que no haber podido reconocer, por oposición del PSOE, la posición de dominio en el sector, igual que Concep de Cañadell (PDeCAT) y Néstor Rego (BNG).

«AHORA TOCA APLICARLA CON URGENCIA Y VALENTÍA»

Los grupos del Gobierno sí que han puesto en valor los avances alcanzados, destacando Isabel Franco (Unidas Podemos) la prohibición de la venta a pérdidas o que los estudios del Observatorio de la Cadena sean indicadores de costes, así como una «definición más justa» de los mismos: «Ahora toca aplicar la reforma, desarrollarla con urgencia, valentía y con rigor». El PP había presentado en el Senado una propuesta para que la ley reconociera como instrumentos válidos herramientas de cálculo de costes como la Conta Láctea gallega, pero fue rechazada. 

Finalmente, Juan Francisco Serrano, del PSOE, ha asegurado que la nueva norma es «protectora» y «garantista» con los productores, y ha dicho que ve la crítica de la bancada de la derecha, particularmente la del PP, como una defensa de las grandes explotaciones, y su jaleo a las movilizaciones a «agitar para intentar boicotear la acción del Gobierno»

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