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UU. AA. reclamará por vía judicial los daños del lobo

Maruxa Alfonso Laya
M. Alfonso REDACCIÓN / LA VOZ

GANADERÍA

Asegura que existen sentencias del Supremo que avalan que las competencias en gestión de medio ambiente y conservación de la naturaleza son de las comunidades autónomas

28 sep 2021 . Actualizado a las 09:32 h.

Unións Agrarias (UU. AA.) ha puesto ya sus servicios jurídicos a disposición de los ganaderos gallegos para que estos puedan reclamar en los tribunales los daños que el lobo ocasione en sus explotaciones. La organización entiende que existe una responsabilidad patrimonial por parte de la Administración autonómica, pues asegura que existen sentencias del Supremo que así lo avalan. Y en vista de que esta ha anunciado la cancelación de la orden de ayudas por ataques del cánido al ganado tras la inclusión de este en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) porque entiende que el animal cambia de estatus y, con ello, se hace inviable continuar con estas ayudas, la formación considera que no le queda más remedio que acudir a la justicia ordinaria para no dejar desprotegidos a los ganaderos.

Critica Unións Agrarias que el aumento de la protección del lobo «parece que colleu de sorpresa á Xunta e ao Ministerio de Medio Ambiente, xa que en dous anos de negociacións non foron quen de poñerse de acordo sobre que pasaría coa xestión do lobo no momento da súa inclusión no listado». Lamenta que ni hayan acordado ni quién ejercería las competencias a partir de ese momento, ni cuál de las dos administraciones sería responsable el pago de los daños

Esto implica que la «vítima de todo este proceso e de toda esta incompentecia é o gandeiro, que sofre no seu patrimonio o custe de manter ao lobo», lamentan en UU.AA. Un tercio de la dieta de estos cánidos procede del ganado doméstico que mata en las explotaciones, añade la formación. Por eso han decidido tomar la iniciativa y ponerse a disposición de los afectados por los ataques del lobo para ayudarles a tramitar la pertinente reclamación judicial de los daños en concepto de responsabilidad patrimonial a la Xunta de Galicia. «Segundo a xurisprudencia do tribunal Supremo, con varias sentencias firmes en Madrid, Castela e León, é a comunidade autónoma quen ten as competencias en xestión de medio ambiente e conservación da natureza», añaden.