La ministra Ribera dice que han presupuestado 20 millones para estrategias de convivencia con el lobo y el oso
GANADERÍA
Reconoce que las comunidades «están en su derecho» a recurrir la orden sobre el cánido, pero dice que le hubiera gustado contar con aportaciones concretas durante su elaboración
26 sep 2021 . Actualizado a las 10:01 h.La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha asegurado este sábado que el Gobierno tiene presupuestados veinte millones de euros para estrategias de convivencia con grandes carnívoros, fundamentalmente el oso y el lobo. La ministra ha afirmado que esa cantidad es superior a la que vienen aportado las comunidades autónomas con presencia de lobo para la compensación de daños en el supuesto de ataques a las ovejas.
Ribera, quien ha participado en un acto público en La Adrada (Ávila), ha explicado en declaraciones a los periodistas que la prohibición de la caza del lobo es un asunto en el que se venía trabajando desde hace más de un año. Ha recalcado que el Gobierno ha intentado buscar las formas de conciliar ganadería y protección de especies, con estrategias de gestión junto a administraciones y distintos sectores económicos, incluidos los que se dedican a la ganadería extensiva.
La ministra ha argumentado que la comunidad científica puso de manifiesto que seguir manteniendo el lobo como especie cinegética no mejoraba la conservación de la especie ni mitigaba el impacto en la ganadería extensiva, por lo que no se trataba de una estrategia adecuada e impedía que se recuperara el lobo en los espacios que se consideraban su hábitat natural.
«Hemos seguido adelante en una tramitación que ha contado múltiples oportunidades para buscar el modo en el que trabajar juntos», ha sostenido Ribera, quien ha avanzado que aún queda por delante la aprobación de estrategias de gestión, para las que es «capital» sumar esfuerzos.
Garantizar la actividad ganadera
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo sabe que la protección de la especie requiere un acompañamiento económico para aquellos vecinos que puedan sentir que están en riesgo su propia actividad económica. La ministra ha abogado por una reacción ágil, por una identificación rápida en procesos de compensación, pero también de prevención de medidas que permitan identificar con antelación donde pueden estar las zonas de peligro, de expansión y capacidad de intervención, en su caso, con controles poblacionales. «Es obvio que nuestra intención no es generar un problema para la ganadería sino al revés, garantizar la convivencia de la especie con las actividades en pueblos ganaderos», ha defendido.
Ante la posibilidad de ataques al ganado, ha manifestado que la estrategia de gestión lo que pretende es acompañar en la adopción de medidas preventivas, de aviso, de protección de la ganadería extensiva, con vigilancia, con drones u otros elementos, o la recuperación de prácticas tradicionales como la presencia de mastines, que también tiene un coste para la ganadería. «La consolidación de medidas preventivas necesita un tiempo y recursos que debemos aportar y un conocimiento mejor de la evolución de la especie», la recuperación del hábitat y el entendimiento de su comportamiento y de las distintas manadas, ha apostillado.
La ministra ha aclarado que no se trata de la máxima protección al lobo que se puede establecer, ya que hay categorías más elevadas. Las organizaciones ecologistas pedían máxima protección y el comité científico consideró que no se daban las circunstancias para ello, ha añadido. Ha admitido que la limitación más importantes que fija la norma es la prohibición de la caza del lobo, pero no abarca el resto de las intervenciones de gestión que puedan resultar importantes. Ha matizado que el lobo, salvo en Castilla y León, no se consideraba especie cinegética en otros territorios, por lo que las nuevas circunstancias no suponen un gran cambio en la situación de Galicia, Asturias y Cantabria. También ha calificado de categórico el dictamen del Consejo de Estado, tanto avalando el procedimiento como la oportunidad desde el punto vista del criterio científico y las recomendaciones desde la perspectiva de las medidas de gestión.
Ante el recurso conjunto a la orden que prevén plantear cuatro autonomías, la ministra ha considerado que «están en su derecho de hacerlo». Ha reconocido que le hubiera gustado encontrar aportaciones concretas «distintas a retírese -la orden- y no se haga nada», que según ha dicho es con lo que se ha encontrado durante más de un año. «Confío en que podamos recuperar un espíritu de trabajo conjunto», una cuestión fundamental «para ofrecer respuestas a los ciudadanos que puedan ver con preocupación la prohibición de la caza de esta especie», ha expuesto.