La Xunta cree que las exigencias del Consejo de Estado avalan su propuesta en la gestión del lobo
GANADERÍA
Los conservacionistas, al contrario, consideran que cuestiona los planes de control autonómicos tras aumentar su protección
10 ago 2021 . Actualizado a las 05:00 h.La semana pasada, el director general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación, Jorge Marquínez, remitió un correo electrónico a los directores generales de las comunidades autónomas para informales de que el Consejo de Estado reclamaba al Ministerio de Transición Ecológica la elaboración de un informe sobre los planes de gestión del lobo que tienen en vigor las comunidades autónomas.
A falta de conocer más detalles sobre la petición realizada por el órgano consultivo, la lectura sobre sus consecuencias en el proceso abierto para incluir al lobo ibérico el Listado de Especies de Especial Protección (Lespre) al norte del río Duero varía en función de quién la realice. Desde la Consellería de Medio Ambiente, que en su día pidió audiencia al propio Consejo para explicar sus argumentos, entienden que la demanda es «un respaldo á postura que leva tanto tempo defendendo xunto ao resto de comunidades lobeiras para denunciar a falta de xustificación dunha medida impulsada unilateralmente polo Estado».
Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria —donde se concentran el 95 % de las poblaciones de lobo de la Península, y con gobiernos de diferente color político— no están de acuerdo en aumentar la protección de la especie. Desde Galicia entienden que sus planes de gestión son suficientes para mantener el equilibrio necesario entre la ganadería extensiva y la conservación de la especie.
Pero desde la Asociación para la Conservación y para el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) hacen la interpretación contraria. «Nos agrada y llama la atención que el Consejo de Estado pida más información sobre los planes de gestión del lobo de las comunidades autónomas porque pone el foco en lo que debe de ser el centro del debate, y que es la disposición adicional de la orden que quiere aprobar el Ministerio de Transición Ecológica y que dice que ‘‘se podrán seguir aplicando las medidas de las comunidades autónomas’’», explica el presidente de Ascel, Ignacio Martínez. En este sentido, matiza que incluir el lobo en el Lespre resulta incompatible con la gestión de la especie por parte de las comunidades porque al subir un peldaño en su protección queda prohibida la caza de lobos, salvo causas excepcionales que han de estar perfectamente justificadas, algo que, según Ascel, no garantizan esos planes autonómicos.
