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Las granjas gallegas ampliarán la superficie con derecho a cobro de la PAC

María Cedrón REDACCIÓN

GANADERÍA

J.J. Guillén

El acuerdo, calificado de «histórico» por Medio Rural, es producto de la negociación del plan estratégico nacional para la nueva política agraria

18 jul 2021 . Actualizado a las 23:37 h.

La partida para la confección del plan estratégico nacional para la política agraria común (PAC) ha comenzado, y las comunidades han movido ficha ante el Ministerio de Agricultura. De la primera mano, jugada ayer en Madrid durante la Conferencia Sectorial de Agricultura, el Gobierno gallego ha salido satisfecho «pola boa sintonía» que, como apuntó al terminar el encuentro el conselleiro de Medio Rural, José González, se respiró durante una reunión en la que se avaló un documento sobre el que continuar trabajando para adecuar «as características dos diferentes sectores a un modelo común». Y de ello dio también fe el ministro de Agricultura, Luis Planas: «Ha sido una conferencia sectorial satisfactoria y positiva, fruto del buen trabajo de todos, en la que ha habido un debate rico y diverso y hemos comprobado la voluntad de caminar juntos».

Aunque quedan muchos frentes abiertos, sobre todo en el terreno de los ecoesquemas (prácticas respetuosas con el medio ambiente por las cuales se primará a los ganaderos y agricultores que las lleven a cabo de forma voluntaria), en lo que respecta a Galicia durante la reunión se logró llegar a un acuerdo sobre una «demanda histórica» para las explotaciones gallegas como es el derecho al cobro por toda su superficie cultivada y que, aunque la declaraban, no era admitida a la hora de optar a ayudas directas de la PAC. Dicha superficie, en una primera estimación, rondaría las 75.000 hectáreas, aunque podrían ser más. Actualmente las granjas gallegas cobran derechos por unas 330.000.

El compromiso alcanzado ayer, como avanzó el conselleiro, es regularizar ese déficit de superficie «e pola vía da reserva nacional poder cobrar esos dereitos a partir do 2023. Porque igual que se abriu o cobro a froitas e hortalizas no Levante español, confirmouse que se ía regularizar esa superficie».

Se cerraría así una herida abierta en el 2015, cuando entró en vigor la decisión del Ministerio de Agricultura, entonces pilotado por Miguel Arias Cañete, de que en el reparto por hectáreas cultivadas de ayudas directas computaran las declaradas en el 2013 y no las del 2014. Desde entonces los derechos de pago directos de los agricultores van en función de ese baremo del 2013.

La regularización a la que se comprometió ayer el ministerio ayudaría también a disminuir el impacto que tendría a partir del 2029 la previsible entrada en vigor de la tasa plana anunciada por Bruselas, según la cual todas las hectáreas cobrarían lo mismo, independientemente de la región agronómica en la que se encontraran. Actualmente los fondos que reciben los agricultores por su superficies cultivadas varían en función de dónde se encuentren. De hecho, uno de las premisas de las que parte la propuesta del ministerio es reducir a un máximo de veinte las más de cincuenta regiones agronómicas en las que se divide actualmente el territorio español.

Ayudas asociadas

Pero ese no fue el único acuerdo satisfactorio para Galicia alcanzado en la reunión de ayer. Porque Agricultura, que al fin y al cabo es quien deberá elaborar un plan estratégico que, en última estancia, ha de aprobar Bruselas, también se ha comprometido a incrementar en 28 millones de euros para todo el Estado la partida destinada a las ayudas asociadas para el vacuno de leche, que alcanzarían entonces los 122 millones de euros. Eso, como comentó el conselleiro, también beneficiaría a los ganaderos gallegos. Sobre todo porque la comunidad concentra la mitad de las vacas de leche de toda España.

Y más allá de estos acuerdos puntuales, José González destacó el compromiso adquirido con las comunidades de toda la Cornisa Cantábrica, para «adecuar as propostas ao modelo e peculiaridades deses territorios», como pedían.

Lo que está claro, por tanto, es que la primera mano jugada ayer en Madrid no ha ido tan mal, pero el juego no está cerrado. Ahora uno de los asuntos que más preocupa al sector, como han manifestado organizaciones como Unións Agrarias, es qué pasará con los ecoesquemas, todavía por definir. Su gran preocupación es que los costes que pueda suponer para las granjas poner en práctica esas acciones respetuosas con el medio ambiente no sean mayores que lo que van a recibir por realizarlas. Porque lo que se sabe, como recoge la propuesta del ministerio y como adelantó Planas, es que los ecoesquemas se llevarán un 23 % de los fondos del primer pilar (ayudas directas) y un 2 % de los destinados a desarrollo rural.