45 vacas castigadas en el monte de Baiona

Una ganadera demanda en el juzgado que se le reconozca como miembro de la comunidad de montes para poder sacar a pastar a sus animales


baiona / la voz

En la hacienda de Diana Pino viven 60 vacas mostrencas. 15 de ellas pastan libremente en la Serra da Groba porque pertenecen a su pareja, que es comunero. Pero las 45 restantes no pueden salir de los límites de su propiedad. La comunidad de montes de Baíña no le deja sacarlas porque, como Diana no es miembro, sus animales no tienen derecho a comerse la hierba que crece en el entorno que rodea su explotación. Una sentencia del juzgado de instrucción número 3 de Vigo de hace cuatro años avala que esto sea así. Las 45 vacas permanecen dentro de un cierre como si estuvieran castigadas, mientras sus compañeras salen a alimentarse todos los días.

El mayor deseo de Diana es poder hacerse comunera para que sus vacas puedan disfrutar del monte comunal. Pero lleva años intentándolo sin que la comunidad de montes la acepte.

Dado que ya lleva más de 15 años empadronada en la vivienda vinculada a su explotación ganadera, ha presentado una demanda para que sea un juez quien obligue a la comunidad de montes a aceptarla como una vecina más. Asegura que cumple con todos los requisitos para formar parte de la comunidad de montes de Baíña. Ya hizo un intento hace años pero fracasó porque no pudo acreditar documentalmente la residencia por medio de alguna factura. Además el juez no creyó que viviera en un lugar tan «inhóspito», según recogía la sentencia. «Aquí se vive de maravilla, incluso cuando llueve, sobre todo con la pandemia», afirma. En el fondo cree que lo que subyace es un problema de machismo. Diana es la única mujer ganadera de todo el sur de la provincia y nunca fue acogida por la comunidad cuando llegó desde Gondomar para vivir de una pasión que le viene de familia. «Me denuncian por todo y buscan formas de sacarme de aquí y no me preguntes porqué», afirma. «Aquí ha venido el Seprona, la Guardia Civil, Augas de Galicia..., lo curisoso es que nunca me han sancionado por nada», dice.

En el entorno hay otras explotaciones ganaderas de personas que no viven en la parroquia y, sin embargo, desarrollan su actividad con total normalidad. «Me lo ponen difícil y no lo acabo de entender Soy la única que paga autónomos. A los otros ganaderos nunca les pasa nada, pero yo no puedo tener nada fuera. A veces me preguntan qué les hice y yo no sé qué decir, !existir¡», lamenta. «Nos alegramos de que las tengan, pero hay que medir a todos con la misma vara», afirma Tino, su pareja.

Falta de apoyos

Diana asegura que el alcalde, cuando era candidato, prometió que le buscaría una solución, «pero de lo que dijo no hizo nada, sino al revés», afirma. Lamenta la falta de apoyo institucional. «Escuchas a la administración decir que hay que favorecer a la gente que se quiere quedar en el campo. Cada vez somos menos trabajando en el campo. Como decía mi padre, el campo endurece, embrutece y nadie lo agradece. Nadie respeta nuestro trabajo», protesta. Hace dos años mandó un escrito a la Xunta explicando su situación y le contestaron que tiene derecho, pero que tenía que acudir a la justicia.

El problema es que las resoluciones judiciales tardan en llegar y, mientras tanto, sus vacas están condenadas a vivir sin salir del cerco. Son vacas vianesas, que se encuentran en peligro de extinción. «Les estoy causando un daño irreparable. Al estar en la lama, las patas sufren ahí dentro. Son animales de estar fuera», afirma. En el 2017 tenía 120 cabezas de ganado y tuvieron que quedarse con la mitad para poder dejarlas dentro porque no había sitio para todas.

El presidente comunal: «El que hace mal a la parroquia está sentenciado»

Los rumiantes pagan las consecuencias de un enfrentamiento vecinal y se quedan sin poder pastar en el monte. El presidente de la comunidad de montes de Baíña no está dispuesto a admitir a Diana Pino como comunera. Hay resentimiento de fondo. Reprochó que la ganadera hubiese denunciado el centro cultural, motivo por el cual tuvieron que mantenerlo cerrado durante más de un año y realizar una importante inversión. Afirma que hizo obras ilegales y tiene sentencias en contra. «Ha hecho mal a la parroquia. Según nuestros estatutos, el que intente hacer mal está sentenciado».

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