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Igualar los pagos directos entre agricultores: último frente en la lucha por arañar fondos PAC

maría cedrón REDACCIÓN / LA VOZ

GANADERÍA

Asaja

Bruselas celebró ayer otro trílogo para consensuar reglamentos

17 abr 2021 . Actualizado a las 10:28 h.

Este jueves el campo andaluz volvió a salir a la calle en Sevilla para reclamar una política agraria común (PAC) «justa» y tratar de frenar la convergencia «brusca» de los pagos básicos -antes conocido como pago único y que a partir del 2023 se llamará ayuda básica- entre las 52 regiones agronómicas en las que fue dividida España en función de los cultivos predominantes durante los años anteriores.

El reparto fue realizado en el 2014, durante el mandato del ministro popular Miguel Arias Cañete, para su entrada en vigor un año más tarde. De ahí que en función de la región agronómica en la que se ubique un terreno, la tasa que cobra cada agricultor por hectárea de un determinado cultivo es distinta. Dadas las diferencias generadas, la idea era avanzar hacia la convergencia para que, poco a poco, las diferencias entre los que más cobraban y los que menos fuera reduciéndose para acabar recortando también el número de regiones porque, como explica Javier Iglesias, de Unións Agrarias, «a UE non vai deixar a partir do 2023 unha cantidade tan grande de rexións. Penso que vai a haber unha reestructuración absoluta. De aí que nós pensemos que é un erro acelerar a converxencia no período transitorio 2021-2023 durante o que haberá xente que perda un montón de diñeiro e outros pasen a cobrar máis que antes».

Pero los andaluces quieren dejar las cosas como están. Ahora y después. Por eso, han salido a la calle, convocados por Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias, en una manifestación que se suma a las que llevan convocando desde marzo . No hay que olvidar que el tamaño de sus explotaciones con derecho a cobro es mucho mayor que el de las de otras partes del país. Al converger, dicen, pierden dinero. Lo mismo que también perderán con el establecimiento de la figura de agricultor genuino -aquel que tenga un porcentaje mínimo de ingresos procedentes del campo, un índice por decidir todavía, pero que podría variar entre un 20 y un 30 %- porque mientras en esa comunidad del sur, un 40 % de los perceptores de ayudas directas de la PAC tienen más de 65 años, en Galicia el porcentaje baja hasta el 16 o 17%

Corregir desequilibrios

La cuestión es que lo que resulta justo para los agricultores y ganaderos de esa comunidad autónoma puede no serlo tanto para los de otras partes del estado. No hay que olvidar lo heterogéneo y diverso que es el campo español. Galicia, junto con el resto de las comunidades de la cornisa cantábrica, ya emitió en enero pasado un comunicado en el que reclamaba al departamento que dirige Luis Planas que, en el caso de la ayuda básica, se tenga en cuenta a las comunidades del norte, donde la superficie con derechos de pago es muy inferior a la media de España. Entonces el conselleiro de Medio Rural, José González, pidió que el desequilibrio fuera corregido como paso previo a un cambio paulatino hacia un modelo de pago por superficie. Lo que está claro es que España, en general, y las comunidades, en particular, se enfrentan ahora a un mes crucial en el que se dibujará el futuro del sector primario. Porque aunque ya está decidida la cantidad de dinero que Bruselas dará a España para la nueva PAC que entrará en vigor en el 2023 con una vigencia de un lustro -unos 47.724 millones de euros-, aún están por aprobar los reglamentos que marcarán, por ejemplo, quién ha de recibir las ayudas o cómo se irán distribuyendo los fondos. Para ello han de ponerse de acuerdo Consejo, Parlamento y Comisión en las reuniones a tres bandas conocidas como trílogos. Ayer hubo una y la idea es que la nueva PAC pueda estar consensuada durante la presidencia portuguesa de la Unión Europea. Es decir, antes del 1 de julio.

El de las regiones fue, según fuentes comunitarias, uno de los temas que se deslizaron en la agenda del trílogo de ayer. Además, se habló de la figura del agricultor genuino, el capping (limite de ayuda directa por explotación) o los pagos acoplados, unos temas que en función de cómo se resuelvan tendrán grandes consecuencias en el diseño del reparto de ayudas directas, las correspondientes al primer pilar. Más allá de eso, las comunidades se juegan mucho en el Plan Estratégico Nacional para la PAC que está diseñando el Gobierno central y que limará los flecos de lo que se decida en Bruselas.

En el caso de las ayudas directas habrá unas normas comunes para todo el estado. En función de cómo sean las granjas de cada comunidad, afectan de modo diferente. «Un dos temas que está discutíndose é cómo se delimitan as rexións [...] Galicia ten a posibilidade que que aqueles territorios sen axudas podan meterse.Agora non hai moita superficie con dereitos de axuda», explica el profesor de Economía Aplicada, Edelmiro López. Habrá que ver qué pasa de aquí a julio.