Tras una reñida votación, la Comisión de Patrimonio Natural aprueba incluirlo en el Listado de Especies Silvestres, elevando así su protección
05 feb 2021 . Actualizado a las 09:16 h.El Ministerio para la Transición Ecológica ha dado un primer paso para elevar la protección de la que goza el lobo y prohibir su caza en todo el territorio español. El asunto fue sometido a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, una entidad en la que participan las comunidades autónomas. Y fueron estas las que aprobaron, por una ajustada mayoría y tras dos rondas de votaciones, incluir al lobo en el Listado de Especies Silvestres (Lespre). Esto significa que el animal gozará de especial protección también al norte del Duero, donde hasta ahora estaba permitido cazarlo. El ministerio se ha comprometido ahora a aprobar una orden ministerial por la que todas las poblaciones del lobo españolas queden incluidas en el listado. La Xunta, por su parte, acusa al Gobierno de falta de diálogo para tratar este tema y asegura que los servicios jurídicos de las cuatros comunidades de la cornisa cantábrica analizarán el acuerdo adoptado para estudiar la presentación de un recurso.
Galicia, Castilla León, Asturias y Cantabria habían hecho frente común para posicionarse en contra de esta propuesta, pues consideran que tendrá repercusiones negativas sobre su sector ganadero. Y esta fue la postura que defendió la directora xeral de Patrimonio Natural, Belén Docampo, durante la reunión de la comisión, que fue muy larga. El asunto se sometió a una primera votación, en la que hubo un empate. Posteriormente, en una segunda ronda, la iniciativa obtuvo una ajustada victoria. Aunque la decisión de esta entidad no es vinculante, Transición Ecológica anunció su intención de plasmar esta medida en una orden ministerial.
Nueva estrategia de conservación
Esto significa homogeneizar el estatus de protección del que goza el lobo a nivel nacional y que deje de ser considerada especie cinegética. Recuerda el ministerio que, hasta ahora, solo en las poblaciones al sur del Duero estaba el lobo incluido en el listado, mientras que en las del norte era considerado como pieza de caza. Además, con la inclusión de esta especie en el Lespre se atiende también al dictamen que en su día emitió el comité científico, que recomendó su protección al considerar «su importancia como patrimonio cultural, científico, así como los servicios ambientales que produce la esencia de esta especie en los ecosistemas naturales». Transición Ecológica asegura ahora que el hecho de que esta sea una especie clave para el funcionamiento de los ecosistemas, así como las amenazas que afectan actualmente al lobo hacían necesario un «enfoque de actuación común para que la gestión del lobo sea coherente en todo el territorio español». Además, en la comisión se propuso la constitución de un grupo de trabajo para elaborar una nueva estrategia de gestión y conservación del lobo en España, que actualice la aprobada en el año 2005.
En contra
La noticia ha caído como un jarro de agua fría en las comunidades de la cornisa cantábrica, que ya se habían mostrado en contra de esta propuesta. Explican en la Consellería de Medio Ambiente que, junto con Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León votaron en contra Andalucía, Madrid, Murcia y País Vasco, mientras que Navarra solicitó que el tema se dejase sobre la mesa para buscar un mayor consenso. Esta comunidad y Valencia renunciaron a participar en la votación. Siempre según la versión de la Xunta, en la segunda ronda ocho comunidades votaron a favor y otras ocho en contra, algunas de ellas, «comunidades que nunca poderán ter ao lobo no seu territorio, nin enfrontarse á sua xestión». Finalmente, fue el voto del propio ministerio el que deshizo el empate, lo que también despertó las críticas de las comunidades. En la Administración autonómica lamentan la postura que ha mantenido el ministerio en todo este debate. Explican que ellas se opusieron desde el principio a aumentar la protección del lobo y lo hicieron de forma reiterada en los diferentes órganos en los que se trató la cuestión. Ahora, los servicios jurídicos de las cuatro comunidades analizarán la decisión de la comisión para estudiar los presentar los recursos que sean necesarios. También consideran que esta medida puede vulnerar las competencias exclusivas en materia de caza de las comunidades autónomas.
