Las medidas de recuperación de tierra requerirán un consenso mínimo del 70 % de los propietarios

La nueva norma para movilizar tierras en Galicia, cuya proposición de ley fue presentada esta mañana en el Parlamento, dará potestad a Medio Rural para buscar a los dueños de fincas de propietario desconocido para actualizar el catastro


redacción

Galicia es una potencia agraria con mucha capacidad de crecimiento en los sectores ganadero, agrario y forestal. Pero uno de los palos que tiene en la rueda es la falta de terreno para que muchas explotaciones puedan crecer ahorrando costes o para que aquellos que quieran emprender en el campo echen a andar su nueva actividad. Y lo peor es que tiene tierra suficiente para hacerlo. Un estudio realizado por las Universidade de Vigo y Santiago estima que hay unas 512.308 hectáreas de terreno aptas para el cultivo que están abandonadas o infrautilizadas, que de ponerse en valor podrían generar unos 9.168 empleos directos en el campo. El problema es que, como reconocieron  esta mañana el conselleiro de Medio Rural y diputado, José González, y el portavoz del grupo popular, Pedro Puy, durante la presentación de esa propuesta de Lei de Recuperación de Terra Agraria de Galicia, es que la mayor parte de la tierra en Galicia es privada y movilizarla no es fácil. Además, en muchos casos se desconoce quien es el propietario de las parcelas. De ahí que Pedro Puy calificara de ambiciosa la norma desmenuzada en 144 artículos que, en parte, recogen las recomendaciones de la comisión de investigación de incendios del 2017. Porque entre otras cosas, dará potestad a la Xunta para buscar a los dueños de terrenos de propietario desconocidos con la idea de actualizar el catastro.   

La norma es tan ambiciosa como las medidas que articula para poder adaptar el campo gallego al cambio que se ha producido en él en los últimos años. Porque las aldeas modelo, una figura que ya está puesta en marcha, son solo una de las fórmulas que articula. Polígonos agroforestales (donde pueden moverse los marcos de las fincas para lograr parcelas de un tamaño adecuado a cada tipo de producción) o agrupaciones de gestión conjunta (ahí no se mueven los marcos) son otros tipo de instrumentos que completarán el trabajo que desde hace años, con mayor o menor éxito, llevan desempeñando las concentraciones parcelarias. Pero para poder realizar cualquiera de ellas será necesario, como ocurre en el caso de las concentraciones, que el 70 % de los propietarios estén de acuerdo en llevarlas a cabo. Una vez logrado ese acuerdo de mínimos, podría comenzar a actuarse y aquellos propietarios que no estuvieran de acuerdo en la actuación tendrían varias opciones: alquilar su parcela, venderla, explotarla ellos mismos o, por lo menos, mantenerla libre de maleza. 

Además, para garantizar que la tierra esté lo más cercana a las explotaciones que la precisan, la nueva norma fomentará las permutas entre particulares. 

EL PSdeG acusa a la Xunta de sortear informes jurídicos al presentar la norma

Al que parece no convencerle la norma es al grupo socialista, que no tardó en reaccionar a la presentación de la propuesta de ley. Como recoge Europa Press, el portavoz de Agricultura, Martín Seco, denunció la «artimaña» del Gobierno gallego para «sortear» los informes jurídicos y la participación pública de los afectados por la futura ley de recuperación de tierras agrícolas. Así lo denunció en un comunicado remitido a los medios después de que el PP presentase  la norma, que será presentada en la Cámara por el Grupo Parlamentario Popular como proposición de ley y no por el Gobierno gallego

Según denuncia Martín Seco esta «maniobra» permite al Gobierno gallego sacar adelante el texto «evitando tener que afrontar los informes preceptivos de la asesoría jurídica, del Consello Económico e Social (CES), del Consello Agrario Galego y del Consello Forestal de Galicia, además del periodo de exposición pública para consultas de los sectores afectados».

Ante ello, el parlamentario del PSdeG exige al Gobierno gallego que asuma de nuevo el trámite de esta iniciativa legislativa para «tener todas las garantías legales y el mayor consenso posible entre los sectores afectados».

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Las medidas de recuperación de tierra requerirán un consenso mínimo del 70 % de los propietarios