Planas se reúne con las comunidades para diseñar el reparto de fondos
23 jul 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Bruselas, como un crupier, ha comenzado a repartir las fichas de una partida trascendental para el campo gallego. Las primera mano de cartas con la que se jugará la PAC en Europa la repartió este martes al dar a conocer el presupuesto de la UE para el marco financiero plurianual 2021-2027 y la partida financiera destinada al Fondo de Reconstrucción. La segunda la lanzará cuando ponga sobre el tapete qué porcentaje de esos 336.500 millones (351.500 al sumar los 7.500 millones del fondo covid-19 para desarrollo rural y otros 7.500 de la partida de transición justa) corresponderán a cada país una vez llegue el reparto del presupuesto para una PAC limada, según los cálculos de organizaciones agrarias como UPA, en un 10 % con respecto al período anterior. Porque aunque Luis Planas asegurara anteayer que los fondos para España se mantendrían —habló de 47.500 millones —, varias fuentes consultadas en Bruselas, como la diputada del BNG Ana Miranda, confirman que el reparto no está hecho todavía o, al menos, no ha trascendido. Solo apoyándose en lo ocurrido en anteriores planes financieros puede estimarse que España, como segunda receptora de fondos PAC después de Francia, recibe en torno al 12 % del montante global.
Pero más allá de lo grande que sea la inyección de capital procedente de Bruselas, la tercera mano, la que comienza a jugarse hoy en Madrid, se perfila como la más trascendente para el interés de Galicia. El ministro de Agricultura se reunirá esta mañana con los consejeros del ramo de las distintas autonomías para comenzar a dibujar el plan nacional de reparto de fondos. Medio Rural acude con los deberes hechos tras haber elaborado un plan propio en el que se recogen las particularidades de una comunidad en la que el sector primario es un motor económico trascendental que, además, cuenta con un amplio recorrido futuro.
El documento recoge dos asuntos trascendentales para la negociación: la definición de agricultor genuino, que ha de obtener un porcentaje mínimo de su renta global de la actividad agroganadera, y también el techo de ayuda directa percibida por cada explotación y que debería de estar, según la propuesta de la Xunta, en los 60.000 euros.
Al contrario de lo que ocurriría en comunidades como Andalucía o las Castillas, marcar ese límite en las ayudas directas apenas tendría consecuencias para los perceptores gallegos, ya que de acuerdo a los datos de campañas anteriores son contadas las explotaciones que perciben más de esa cantidad en subvenciones directas. También es menor que la media el porcentaje de perceptores que tienen más de 65 años. En torno a un 20%, según un estudio del FEGA realizado en el 2016, que se reparten un 13 % del global de ayudas.
Más allá de eso hay un tercer punto que, según Unións Agrarias, va a ser crucial para Galicia a la hora de elaborar el plan nacional de la PAC. Es cómo se repartirá el dinero que «sobre» como consecuencia de la aplicación de esos límites. ¿Va a quedarse dentro de cada comunidad o irá a un fondo estatal para inyectar capital allí dónde realmente sea necesario? Esa es la cuestión. Pero el juego, pese al presupuesto presentado el martes en Bruselas, no ha hecho más que empezar. La partida parece larga.
