Urgen acabar con la «agricultura de sofá» para lograr un reparto justo de las ayudas de la PAC

Organizaciones agrarias piden al Ministerio de Agricultura un cambio en la definición de «agricultor en activo» de cara al reparto del año que viene para que las subvenciones europeas acaben en manos de quien realmente trabaja en el campo


redacción

Acabar con la conocida como «agricultura de sofá» _en referencia a aquellos que tienen propiedades o derechos de explotación, pero no viven del campo_ para lograr un reparto más justo de las ayudas directas de la PAC. Esa es una reivindicación que une a organizaciones agrarias de distintos puntos de España, aunque cada una ha adaptado su petición a la realidad del sector en sus respectivas comunidades. Pero más allá de las diferencias particulares, coinciden en reclamar al Ministerio de Agricultura de cara al reparto de las subvenciones para el año que viene, un cambio en la definición de «agricultor en activo» para lograr que las subvenciones acaben en manos de quienes realmente están contribuyendo a generar una economía en el campo y fijan población en el medio rural. Porque como explica Roberto García, de Unións Agrarias, las ayudas van a ir reduciendo el presupuesto en los ejercicios que vienen y hay que hacer un reparto más justo. «Debería de verse que os beneficiarios estén dados de alta no réxime agrario», apunta. Actualmente la norma establece que los beneficiarios han de justificar al menos un 20 % de su ingreso procedente de la actividad agraria. 

«Hai mozos que empezan a actividade ou agricultores ecolóxicos que teñen superficies pequenas que non poden acceder a elas»

La cuestión es que aunque ya ha habido una criba en los beneficiarios, lo que no quieren estos colectivos es que la PAC acabe convirtiéndose en un complemento de la jubilación o en una inyección de capital para propietarios de bastos terrenos que no viven de la actividad agraria, mientras que, como dice Isabel Vilalba, del Sindicato Labrego Galego, «os mozos que empezan a actividade ou os agricultores ecolóxicos que teñen superficies pequenas non podan acceder a elas». 

Los datos que maneja Unión de Uniones, colectivo con gran presencia en el sur de España, avanzaba estos días que en el 2016 había un total de 800.000 beneficiarios de la PAC en España de los que, en base a los datos que maneja la Seguridad Social, únicamente unos 280.000 eran profesionales agrarios. Por contra, en Francia, donde el número de beneficiarios de ayudas es de 350.000, no hay tanto desfase de datos entre unos y otros. No cabe duda entonces a juicio de los colectivos agrarios, que los verdaderos agricultores españoles están en desventaja con sus vecinos.

Lo que tampoco quieren las organizaciones agrarias es que la PAC resulte un complemento de la ayuda por jubilación. Ese fenómeno es especialmente notable en el sur. Teniendo en cuenta los datos del FEGA correspondientes al 2016 y suponiendo que los mayores de 65 años estén jubilados, en Andalucía un 38,76 % de los perceptores de subvenciones estarían en ese caso, mientras que en Galicia el porcentaje se reduce a un 21 %. Lo que percibieron los primeros en la comunidad del sur fue un 38,39 % del presupuesto, mientras que en Galicia lo que reciben supone el 6,86 % del total de los fondos. 

En lo que no todas las organizaciones agrarias están de acuerdo es en que haya un tope de ayuda por perceptor. Quienes reclaman ese techo son el Sindicato Labrego Galego y Unións Agrarias porque eso daría acceso a más agricultores y ganaderos a la inyección de fondos de Bruselas. De hecho, no influiría mucho en Galicia la aprobación de un máximo dada la pequeña extensión de las explotaciones. 

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